Un total de 1.442 fallecidos en accidentes de tránsito hubo en 2017, la cifra más baja en los últimos 10 años, según los registros de Carabineros. A pesar de ese resultado, el gobierno busca que las muertes por estas causas continúen en descenso, por lo que la semana pasada el Ejecutivo puso "urgencia" al proyecto de ley que crea el Centro de Tratamiento Automatizado de Infracciones del Tránsito (Cati), el que tiene como objetivo hacerse cargo del monitoreo y cursar multas a quienes circulen a exceso de velocidad a nivel nacional.
La iniciativa legal fue presentada el 28 de enero de 2014 a la Cámara de Diputados, durante la primera administración de Sebastián Piñera, pero la última vez que estuvo en tabla fue en julio de 2015. El proyecto plantea la implementación de una red de cámaras que fotografíen a los automóviles que circulan a exceso de velocidad en las calles de zonas urbanas y rurales, información que será recopilada por un nuevo centro, el que cursará multas a los infractores. La idea es que estas unidades capten las placas patente de quienes no cumplen, información que será registrada y chequeada, haciendo el cruce de la placa con el modelo del vehículo. Además, será el propietario del automóvil el que deberá responder.
En el caso que las multas (de un monto por definir) que no sean pagadas, la institución entregará el nombre del deudor al Registro Civil. Pero se incluye la posibilidad de que los infractores apelen a la sanción ante los juzgados de Policía Local.
La ministra de Transportes, Gloria Hutt, afirma que se debe aplicar este modelo para disminuir la cantidad de siniestros viales. "En Chile, el 30% de los accidentes fatales está asociado a la velocidad, pero sólo cerca del 4% de los vehículos está siendo infraccionado por esta causa, dado que la fiscalización de velocidad actualmente es limitada, basándose exclusivamente en controles de Carabineros", dice. A modo de ejemplo, la implementación de un control automatizado de la velocidad en España registró una reducción del 42% de siniestros viales.
Viabilidad
El académico del área del transporte de la U. Diego Portales, Carlos Melo, sostiene que la propuesta es positiva, pues si se está discutiendo que se debe rebajar la velocidad en las zonas urbanas, necesariamente esto debería ser acompañado con una fiscalización de este tipo. Y a través de tecnología es lo más lógico".
Sostiene que este sistema ha sido exitoso en países como México, pues los recursos que se obtienen a partir de las multas podrían ser usados para implementar y mantener la red de dispositivos.
Advierte que es complejo crear un centro especial con este fin, pues se debe contar con recursos para su implementación, mientras que si se instala dentro del propio ministerio puede ser menos burocrático. La directora ejecutiva de la Fundación Conciencia Vial, Karina Muñoz, añade que la medida resultaría "disuasiva" para los conductores y recomendó que debe haber transparencia sobre la ubicación de estas unidades, lo que también establece el proyecto de ley. "Es importante sacar la administración de las cámaras de las municipalidades, porque algunos pueden pesar que será una caja recaudadora", dice. Así, tanto Muñoz como Melo añaden que se podría implementar un modelo de concesión de este servicio de cámaras a terceros y que la administración del sistema la tenga el Cati, tal como sucede con la figura de las plantas de revisión técnica.
