El anteproyecto de reforma al Código Penal sobre el delito de violación, así como su proyecto de ley sin consentimiento es violación está sacando ronchas en distintos sectores de la ciudadanía. En un primer momento se habló que las iniciativas eran del gobierno, lo que ha sido tajantemente negado por el ministro de Justicia Hernán Larraín.
"Advierto confusión en rrss por debate de nuevo Código Penal. Se dice 'el proyecto del Gobierno propone esto y aquello..' Afirmo con claridad: no hay proyecto del Gobierno, solo un anteproyecto emanado de una Comisión que está en consulta abierta. Terminado ésta, habrá proyecto... Valorando el trabajo hecho por la Comisión que propuso el anteproyecto de Código Penal, expreso que el Gobierno no comparte algunas de sus propuestas: reducir edad de responsabilidad penal, tipificación de violación o aborto a plazo. Nuestra propuesta estará a comienzos de 2019", explicó el titular de la cartera mediante su cuenta de Twitter.
https://twitter.com/HernanLarrainF/status/1072485751688978434
Tras la publicación, el ministro sostuvo una reunión con las diputadas PC, Camila Vallejo y Karol Cariola, Gonzalo Fuenzalida (RN) y Jorge Alessandri (UDI). Al finalizar la cita dijo que "creemos que es muy importante transmitir que nos preocupa la forma como está tipificada la violación y creemos que el problema del consentimiento obviamente es un elemento que no puede ser restrictivo a la hora de sancionar a los violadores".
¿Qué dice el anteproyecto?
Uno de los puntos que aborda el proyecto y que ha causado rechazo en distintos sectores es la distinción entre violación mediante agresión sexual ("con violencia") y mediante abuso sexual, que se traduce en que si la víctima se encuentra en estado de inconsciencia, se trataría de abuso.
Con esta especificación, también cambian las penas; es decir, para la violación mediante agresión sexual la pena iría entre los cinco y los 10 años, mientras que para la violación mediante abuso sexual entre tres y siete años.
Pero sin duda, la medida más polémica es la modificación de la edad de consentimiento sexual de menores, rebajándola de los 14 años actuales a los 12 años.