Gobierno advierte que toma de Lajarilla podría volver a ser usurpada por incumplimiento de propietario en el desalojo

A las 7:00 de la mañana de este martes, funcionarios de Carabineros, de la Delegación Presidencial y de la Municipalidad de Viña del Mar llevaron a cabo el desalojo de la toma Lajarilla, en Reñaca Alto.

El procedimiento, que contó con cerca de 120 efectivos policiales, provocó disturbios en los alrededores por los ocupantes que no permitían el acceso de las fuerzas policiales.

Y aunque el desalojo fue ejecutado, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme (PC), advirtió que podrían volver a tomarse el terreno debido a que el propietario, el empresario José Massú, no asistió al desalojo con las herramientas que la ley exige.

Este es el primer desalojo que ejecuta el gobierno tras alcanzar una prórroga en las negociaciones con los dueños de la megatoma de San Antonio en el Cerro Centinela. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunció hace algunos días la disposición del gobierno de cumplir con los fallos judiciales y adelantó que en el caso de Lajarilla se haría efectivo el desalojo. En cambio, las conversaciones con los dueños de la toma de San Antonio están en curso y la apuesta del gobierno es que los propietarios le vendan a los pobladores a través de cooperativas de vivienda.

La diferencia en que en el caso de Lajarilla, el desalojo se efectuó porque el Massú, no accedió a vender los terrenos.

Durante el desalojo en Lajarilla, Riquelme afirmó que “si hay una nueva ocupación, ya no es resorte de los servicios públicos”, y agregó que “nosotros hicimos todo lo que correspondía, y ahora lo que hacemos es entregar las llaves, hacer un acta de recepción y retirarnos”. El delegado dijo que, tras el desalojo, la responsabilidad del terreno recae sobre el propietario, quien no ha cumplido con las condiciones estipuladas por la Corte.

Riquelme también criticó al propietario por no haber cumplido con las obligaciones que le correspondían para evitar nuevas ocupaciones. “Nosotros no entendemos por qué el propietario, cuando exigió a la Corte el reintegro de su inmueble, no ha cumplido con lo que le corresponde”, señaló el delegado presidencial, lamentando que Massú no haya tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad del terreno. “El terreno es de propiedad del dueño y es su responsabilidad garantizar su seguridad”, agregó.

El fallo judicial de la Corte de Apelaciones establece que el propietario debía proceder al retiro de enseres, la remoción de escombros y la instalación de un cerco de seguridad para evitar nuevas ocupaciones, condiciones que hasta el momento no han sido cumplidas, según el gobierno.

Según lo estipulado por el tribunal de alzada, el mandato de desalojo ya estaba programado para el 22 de febrero pero se decidió reprogramarlo debido a la solicitud de Carabineros y el Festival de Viña del Mar, que dificultaba el despliegue de recursos para realizar la diligencia.

En Lajarilla habitan 450 personas, equivalentes a 87 familias, de las cuales un 80% -según datos del municipio- son de nacionalidad extranjera, que residían en el sector que comprende dos parcelas distintas que fueron adquiridas por José Massú en 2012.

En el marco del desalojo, el abogado de los habitantes de la toma, Gustavo Burgos, acusó a las autoridades de no proporcionar información adecuada sobre los albergues disponibles para los afectados, lo que dejó a los vecinos desamparados. “Ellos (las autoridades) se han preocupado de informar a la prensa que han cumplido con todos los protocolos, pero los pobladores no tienen idea de adónde ir. Están en absoluto desamparo”, comentó Burgos.

En respuesta, Camila Estay, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Viña del Mar, desmintió las acusaciones de Burgos, asegurando que el municipio ha cumplido con su rol de manera ordenada y profesional. “Lo que dice el abogado es totalmente falso. Los registros, actas y evidencia fotográfica demuestran que hemos cumplido con lo que corresponde”, expresó Estay, aclarando que, aunque los albergues estaban habilitados, se había reservado la información sobre su ubicación por razones de seguridad.

“Sabemos que es complicado montar un albergue porque los vecinos no siempre están de acuerdo, pero los lugares están habilitados y están disponibles para las familias afectadas”, agregó Estay.