Gobierno anuncia medidas y agenda de probidad en medio de crisis por lío de platas

Una potente señal en materia de probidad y transparencia. Eso fue lo que buscó comunicar el Ejecutivo este viernes a través del espacio ‘Gobierno Informa’, con el anuncio de una serie de medidas para fortalecer y modernizar la administración del Estado, y así retomar el control de la agenda y mitigar la crisis desatada por las transferencias irregulares entre reparticiones públicas y fundaciones privadas.

La serie de medidas fue anunciada por tres ministros de Estado: Álvaro Elizalde (Segpres), Luis Cordero (Justicia) y Mario Marcel (Hacienda); además de los subsecretarios de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, y de Hacienda, Hedi Berner.

La agenda en materia de probidad contemplará una batería de medidas de carácter administrativo y legislativo, que se implementará en los próximos tres meses y que la próxima semana tendrá su primer hito con la entrada en vigencia de un nuevo instructivo de transferencias del Estado.

En detalle, el instructivo contiene 13 iniciativas que apuntan a “mejorar el control y la rendición de cuentas; aumentar la transparencia y elevar los estándares de probidad”, según detallaron desde La Moneda.

En total, la agenda que busca impulsar el Ejecutivo contiene ocho medidas -entre ellas la entrada en vigencia del nuevo instructivo para las transferencias del Estado- para hacer frente a la crisis que inició hace dos meses en Antofagasta con el caso Democracia Viva, fundación ligada a tres militantes RD.

“Chile ha sido testigo de una serie de irregularidades y actos de corrupción que dañan severamente la confianza pública y, sobre todo, dañan a los chilenos que deben recibir el conjunto de prestaciones financiadas con recursos públicos. Esto ha puesto en evidencia distintos tipos de vulnerabilidades en nuestro actual marco regulatorio, lo que ha permitido abusos y la intervención de inescrupulosos que han afectado al gobierno central como a los gobiernos regionales”, apuntó el titular de Justicia, Luis Cordero.

De esta forma, las propuestas contemplan medidas legislativas como el ingreso del proyecto de ley de Beneficiarios Finales, que busca crear un registro donde las entidades informen las personas naturales que serán beneficiarias de dicha organización.

Además, se le dará urgencia -tal como había anunciado Elizalde- a un proyecto de ley ingresado en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet para fortalecer las atribuciones del Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, organismo que hoy está en el centro de los cuestionamientos porque se reveló que en 2022 ordenó no reportar transferencias a terceros, cuando dependía del entonces ministro Segpres Giorgio Jackson.

“Vamos a darle rango legal al Consejo de Auditoría, este consejo está actualmente regulado en base a un reglamento del año 1997, que a todas luces es insuficiente para los requisitos y las demandas que tenemos en el tiempo actual en materia de auditoría interna. Y por eso presentaremos indicaciones a un proyecto de ley que se presentó en su tiempo por la expresidenta Bachelet y que lamentablemente no tuvo tramitación en el Congreso. Nos parece importante dotar a este Consejo de verdaderas herramientas que permitan que las auditorías cumplan el resultado”, informó el ministro Elizalde, de quien depende el citado organismo.

En el plano administrativo, las medidas que busca implementar el Ejecutivo para -en sus palabras- “elevar el estándar regulatorio” guardan relación con mejorar la capacidad fiscalizadora de los gobiernos regionales, donde se han detectado las mayores vulnerabilidades del Estado en materia de traspasos y rendición de gastos, según explicó el propio contralor Jorge Bermúdez.

Se obligará, además, a exigir boletas de garantía en las transferencias y a acreditar antigüedad y experiencia en el rubro a la institución que postule a recibir fondos públicos. Se limitará también la subcontratación de prestaciones y se mandatará a todas las entidades receptoras a inscribirse en el Registro de Colaboradores del Estado.

Sumado a ello, a fines de agosto se conocerán las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, instancia que reúne a expertos en probidad y que se encuentra analizando las debilidades y vulnerabilidades del Estado en materia de transferencias de fondos públicos.