A poco más de un año y tres meses del megaincendio que arrasó con Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y que dejó 137 personas fallecidas, más de 14.000 viviendas destruidas y cerca de 40.000 personas damnificadas, los resultados de la reconstrucción son desalentadores.

Las protestas que se han multiplicado en los cerros afectados por el incendio ahora cuentan con respaldo institucional: a solicitud del diputado Andrés Celis, la Contraloría General de la República emitió un informe que revela serias deficiencias en la ejecución del Plan de Reconstrucción del Gobierno, con especial énfasis en el desempeño del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

De acuerdo al documento fechado el 25 de abril de 2025, de las 3.503 familias calificadas como hábiles para recibir subsidios habitacionales, un 83,36% aún no cuenta con una solución efectiva.

Además, solo 40 viviendas han sido entregadas, lo que configura el1,14% del total, 543 están en ejecución y 2.015 ni siquiera han comenzado. Y otras 905 familias aún no reciben subsidio alguno.

Desde el Ejecutivo han insistido en que la reconstrucción se organiza en etapas y con distintos responsables: la primera, a cargo del Ministerio del Interior, contempló la instalación de viviendas de emergencia; la segunda, liderada por el Minvu, corresponde a la entrega de soluciones definitivas. Toda la gobernanza están bajo la responsabilidad de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien el año pasado nombró como gerente de la Recontrucción a Patricio Coronado. Consultada por La Tercera, desde la secretaría de Estado declinaron entregar una respuesta, pero sí afirmaron que responderán a la Contraloría en los plazos establecidos en el mismo informe.

El documento de 30 páginas expone que, al 31 de diciembre de 2024, el avance global del plan alcanzaba apenas un 26%. La estrategia, aprobada por el Comité de Ministros en marzo del mismo año, contempla 166 medidas a implementar entre 2024 y 2028, con un presupuesto estimado de 995 mil millones de pesos. Estas se distribuyen en siete ejes, incluyendo vivienda, entorno urbano, infraestructura y reactivación económica.

Del total de medidas programadas para ejecutarse en 2024, ninguna se cumplió completamente. De acuerdo con el informe, “del total de las 34 medidas planificadas para el año 2024, 11 no registraron avance alguno, mientras que 10 presentaron un nivel de ejecución inferior al 28%”. Entre las iniciativas más rezagadas se cuentan la entrega de computadores a estudiantes, la reconstrucción de sedes comunitarias y los programas de apoyo a mujeres víctimas de violencia.

Un caso es el despliegue del SERNAMEG móvil, a cargo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que buscaba brindar atención psicosocial a mujeres afectadas. Según el documento, “la medida de apoyo a mujeres a través del despliegue SERNAMEG móvil, presentaba a diciembre de 2024 un avance del 1%, indicando que su ejecución se encontraba en proceso de formulación presupuestaria para el ejercicio 2025″.

Otro punto crítico identificado por Contraloría es la ausencia de un acto administrativo que respalde el nuevo catastro de viviendas dañadas. En septiembre de 2024, el SERVIU de Valparaíso contabilizaba 5.624 viviendas afectadas mediante resolución formal. No obstante, en marzo de 2025, la SEREMI de Vivienda actualizó esa cifra a 6.261, sin dictar el acto correspondiente.

“Los datos deben ser actualizados fundadamente mediante la dictación del respectivo acto administrativo, acorde el principio de escrituración”, advierte el documento, recordando que este tipo de registros son la base para la asignación de subsidios habitacionales.

En paralelo, la Contraloría ordenó al SERVIU y a la SEREMI del Minvu regularizar el catastro, agilizar los procesos pendientes y dar inicio a procedimientos disciplinarios que determinen posibles responsabilidades administrativas por los retrasos. El plazo para remitir los antecedentes: 15 días hábiles desde la notificación del oficio.

Consultados por el informe, la seremi del Minvu, Belén Paredes, indicó que “estamos colaborando en la entrega de toda la información para dar una respuesta a la Contraloría en las materias que nos competen y dentro de los plazos indicados. Como ministerio hemos adoptado todas las medidas necesarias para acelerar el proceso de reconstrucción de viviendas, marcada por el avance en soluciones concretas, con 566 viviendas que se encuentran en ejecución o entregadas”.

“Asimismo, contamos con 2.598 subsidios asignados por el Plan de Reconstrucción, alcanzado al 75% de las 3.480 familias habilitadas. Del total, 1.898 ya están vinculadas a una asistencia técnica, por lo que en el corto plazo avanzarán en la etapa de proyecto e inicio de obras”, cerró.

Los ojos sobre otros ministerios

Sin embargo, las responsabilidades no recaen exclusivamente en Vivienda. El informe también pone en evidencia rezagos que comprometen a otras carteras.

De las 34 medidas que debían concretarse en 2024, 21 registraron avance nulo o insuficiente, y muchas de ellas estaban a cargo de ministerios distintos al Minvu.

El Ministerio del Interior es uno de ellos. Fue el encargado de la fase inicial de reconstrucción —la habilitación de viviendas de emergencia— y actualmente es objeto de una auditoría por parte de la Contraloría, centrada en las adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional. Lo mismo ocurre con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), investigado por la instalación de viviendas de emergencia, un proceso que ha sido cuestionado por su lentitud, falta de estándares y escasa articulación con otras entidades.

También el Ministerio de Obras Públicas enfrenta una fiscalización, específicamente a través de su Dirección de Arquitectura, por demoras en los procesos de demolición para habilitar nuevos terrenos y avanzar en la edificación definitiva.

En conjunto, estas observaciones reflejan una deficiente coordinación institucional. Según el informe de Contraloría, varias medidas fueron reprogramadas sin respaldo normativo ni acuerdo formal del Comité de Reconstrucción, a cargo de Mideso, “contraviniendo los principios de control, eficiencia, eficacia y coordinación establecidos en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, y de celeridad del artículo 7° de la ley N° 19.880″, dice el documento.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), quien ha sido crítica respecto a la gestión de la reconstrucción, afirmó a La Tercera que “tenemos que cambiar la mentalidad y la forma en la que nos aproximamos a un proceso de reconstrucción”. Y agregó que, “necesitamos ser eficientes, porque nada garantiza que en menos de un año no volvamos a necesitar de la caja pública a la que todos contribuimos para enfrentar emergencias de esta magnitud”.