La Asociación de Industriales de Plástico (Asipla) envió un documento ayer al Tribunal Constitucional con el fin de frenar la prohibición de entrega de bolsas plásticas en el comercio.
En el escrito, la asociación indica que la iniciativa "vulnera abiertamente los derechos constitucionales a desarrollar actividades económicas lícitas y a la igualdad ante la ley" y que "si los principales consumidores de bolsas plásticas (los establecimientos comerciales) dejan de comprar bolsas plásticas, para entregarlas a sus consumidores, la actividad económica de producción y venta de bolsas plásticas deja de existir, o como actividad, se le impone un obstáculo/ impedimento insoslayable".
Ante ello, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, aseguró en conversación con Radio Agricultura, que "el deber del Gobierno es impulsar leyes no para resguardar el interés de la industria, sino para resguardar el bien común y el interés general, así como años atrás prohibimos el azufre en los combustibles por lo que significa en materia de contaminación ambiental".
El secretario de Estado explicó que posiblemente esta ley podría general un tipo de problema en su comienzo, pero que su objetivo es "establecer algo que es muy importante, un estándar de protección y cuidado al medio ambiente prohibiendo las bolsas plásticas que no son biodegradables en el comercio".
La iniciativa fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados, y la ley entrará en vigencia en el plazo de un año contado desde su publicación en el Diario Oficial. En ese sentido, el ministro agradeció al Congreso ya que el proyecto "se aprobó prácticamente por unanimidad"
"Ese es un buen ejemplo de cuando hay buena colaboración entre el Gobierno y el Congreso", señaló el secretario de Estado.
