La Contraloría General de la República dio a conocer este jueves el informe final de auditoría que se le realizó a la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en relación a las transferencias -por un total de $ 426 millones- a la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD).
En el texto de 91 páginas, el organismo, además de advertir irregularidades de la oficina regional de Antofagasta -que realizó los convenios con la entidad privada-, también pone en alerta a las autoridades sobre el rol del Ministerio de Vivienda, pues además se hacen una serie de observaciones del poco control a nivel central.
En el informe, por lo demás, donde se revisaron todos los convenios entre los años 2020 y 2023, se acreditó la “falta a la probidad” por parte de exseremi de Vivienda Carlos Contreras (exRD) y se dio a conocer que dividió montos de convenios para evitar el control legal del ente fiscalizador. Además, en el informe se revela que, al menos, 12 personas tenían contrato en la repartición pública y también en fundaciones. Una situación de las mismas características se detectó en el Serviu de la misma región
Con esos antecedentes sobre la mesa, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), valoró -a nombre del gobierno- el informe emanado por el organismo que dirige Jorge Bermúdez y calificó sus conclusiones como “muy contundentes”.
Además, la portavoz de La Moneda aseguró que las recomendaciones entregadas por el organismo están “en línea” con las medidas adoptadas por el Ejecutivo, las que están contenidas en la agenda de probidad impulsada por el gobierno a raíz de las irregularidades en las transferencias entre el Estado y entes privados.
“En nombre del gobierno, quiero valorar este informe de Contraloría porque va muy en línea con las acciones que ha tomado el gobierno, no solamente en la revisión de convenios de transferencias que ha liderado el ministro de Vivienda, o los instructivos de Hacienda, o los anuncios respeto de lo que se va a hacer en la ley de Presupuestos, o la agenda de Probidad que se ha construido a partir de la comisión de expertos para la probidad en la relación del Estado con instituciones sin fines de lucro; sino que también a propósito de las denuncias que ha presentado el Ministerio de Vivienda a través del Consejo de Defensa del Estado”, explicó Vallejo.
La ministra enumeró las acciones emprendidas por La Moneda para hacer frente a la crisis de probidad desatada por el Caso Democracia Viva y señaló que se han aportado antecedentes a “la Contraloría y el Ministerio público, fruto además de lo cual se anunció querellas. Entonces, en ese sentido resaltar y destacar que es un informe muy contundente y que va muy en la línea de las acciones que hemos tomado y que seguiremos tomando como Ejecutivo en esta materia”.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, reforzó a las palabras de Vallejo y aseguró que a su juicio el texto de Contraloría “nos parece muy clarificador y muy en la línea de lo que veníamos diagnosticando previamente, así como también de las alternativas que estamos tratando de implementar”.
