Tanto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, como el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirieron al caso de un falso denunciante de violaciones a los derechos humanos, en la Región de La Araucanía, en el contexto del estallido social de 2019, que obtuvo pensión de gracia.
El caso se conoció este viernes luego que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), retirara una querella por la presunta violación a los derechos fundamentales del denunciante. De acuerdo al organismo, los funcionarios del INDH de La Araucanía “tomaron conocimiento de nuevos antecedentes sobre una denuncia recibida durante la crisis social, que contiene inconsistencias con el testimonio original del 23 de octubre de 2019″.
“El testimonio original de la presunta víctima condujo a la presentación de una querella ante la justicia por el delito de apremios ilegítimos. Luego, por requerimiento del denunciante, el Consejo del INDH lo acreditó como víctima de violaciones a los derechos humanos para solicitar una pensión de gracia al gobierno. Esta solicitud la acogió en su momento la autoridad correspondiente y actualmente la persona recibe una pensión”, señaló el INDH a través de un comunicado, donde aseguraron que las lesiones del sujeto corresponden a un accidente de tránsito ocurrido días antes de la presentación de la denuncia, por lo que derivaron los antecedentes al Ministerio Público para determinar las responsabilidades del hecho.
En ese contexto, el subsecretario afirmó que se trataría de “un delito al fisco” y “lo que corresponde es que el Ministerio del interior entregue los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para que ellos persigan las responsabilidades penales y eso es lo que vamos a hacer”.
“Es evidente que no corresponde que esta persona reciba un beneficio respecto de un hecho que era falso, evidentemente esto tiene que resolverlo el Presidente, no le queda duda de que lo va a resolver, hay un proceso administrativo”, agregó.
Además, Monsalve sostuvo que “revertir el beneficio es solo facultad del Presidente de la República y le estamos haciendo llegar todos los antecedentes para que pueda tomar esa decisión”.
Recalcó que en este momento “no tenemos antecedentes de que haya otra persona en esas condiciones”.
Por su parte, el ministro Cordero manifestó que “es un hecho grave, porque afecta la confianza pública y el desempeño de la institución”.
“El gobierno tomó conocimientos y el Ministerio del Interior está evaluando los antecedentes para iniciar el proceso de revisión, si se basa en antecedentes que no son fidedignos, según la pensión de gracia que probablemente va a quedar sin efecto”, indicó el secretario de Estado.
Así también destacó que “el Presidente ha pedido una revisión de las pensiones otorgadas para otras hipótesis distintas a aquellas que provinieran del estallido social y en lo que hay consenso es que el procedimiento tiene ciertas precariedades y en consecuencia es necesario reformarlo y para eso existe una discusión en el congreso para un proyecto de ley”.
Durante el día de ayer, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, aseguraron que “de confirmarse lo planteado por el INDH, se estaría vulnerando la fe pública y dando un uso abusivo a un beneficio concebido para reparar a víctimas de la acción del Estado”.
Asimismo, se informó que el gobierno solicitará al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que evalúe las acciones legales pertinentes “siendo éstas, al menos, la procedencia de presentar una querella por el delito sancionado en el artículo 470 N°8 del Código Penal, esto es, obtención fraudulenta de prestaciones del Estado”.
Además, presentarán las acciones necesarias para la restitución de los dineros otorgados.
En ese sentido, la comunicación añade que el gobierno insistirá en las modificaciones legales presentadas en el Congreso para dar mayor “rigurosidad a la entrega de beneficios, tales como, las pensiones de gracia”.
