Gobierno compromete seguridad para centros de salud, pero aún no define recintos ni plazos

La crisis de seguridad que enfrentan los establecimientos de salud de la red pública quedó graficada luego de que la semana antepasada cuatro sujetos amenazaran con pistolas al personal del Cesfam Raúl Silva Henríquez, en Puente Alto, y se registraran una serie de asaltos a los funcionarios del Hospital El Pino, en San Bernardo. Estos dos incidentes desataron la presión por parte de los gremios hacia los ministerios de Interior y Salud, que los ha obligado a dar respuestas, como estudiar la posibilidad de tener vigilantes armados al interior de los centros.

Pero también forzó a las autoridades a tomar acciones más inmediatas. O al menos, a anunciarlas. Tras la reunión del Gabinete Pro Seguridad encabezado este viernes por el Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que se dispondrá “desde ya” presencia policial en aquellos centros de salud que están en categoría de riesgo extremo o muy alto. Este resguardo podía ser de 24 horas o nocturno.

Sin embargo, dentro de la red asistencial, desde donde dicen no tener mayores detalles de este anuncio, surgió una interrogante: ¿En qué establecimientos se aplicará esta intervención, y cuándo es “desde ya”?

Y es que hasta ahora tener un panorama claro de los puntos críticos ha sido complejo, ya que no existe un balance certero de todos los episodios de violencia que ocurren en esos contextos. Así lo explicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, a La Tercera: “Por un lado están las agresiones que ocurren al interior de nuestros establecimientos y que son las que registramos, pero por otro están las situaciones de violencia que ocurren fuera de los centros de salud, que son denuncias que llegan a la policía”.

Por eso mismo, el listado de establecimientos todavía no es un hecho y se hará en base a los incidentes que registra la cartera sanitaria y el levantamiento de las denuncias policiales. La ministra Tohá indicó que se ha hecho un trabajo -que ya está muy avanzado- en donde se analizaron todos los consultorios y centros hospitalarios del país para así conocer su nivel de riesgo, “y particularmente poniendo el foco en aquellos que tienen servicios de urgencia, porque ahí es donde se tienden a registrar la mayoría de estos incidentes graves”.

En total se establecieron cinco categorías de riesgo y en base a esa categorización y a la urgencia que tiene este tema, mientras se implementan otras medidas, señaló Tohá, el Presidente decidió establecer para aquellos centros de salud que están en categoría de riesgo extremo o muy alto “medidas de presencia policial, o 24 horas, o nocturnas, desde ya”, sin detallar cuáles. Ni desde cuándo.

Además, personeros del gobierno explican que aún no está listo el consolidado de cuántos Cesfam deben tener resguardo policial y que no se puede hacer un anuncio en esa línea sin antes hablar con la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (Confusam), reunión fijada para el próximo 21 de octubre.

En ese contexto, el vicepresidente de la organización, Cristian Rodríguez, afirma que “la ministra Tohá nos planteó que se estaba trabajando en algo que también habíamos solicitado: el cruce de las estadísticas de Carabineros con las denuncias recolectadas por el Minsal para determinar la criticidad de cada centro. Se nos había informado que ya se habían identificado alrededor de 127 establecimientos críticos. Como gremio solicitaremos ese listado, donde eventualmente se podría implementar la medida, aunque es una noticia en desarrollo. Valoramos que se haya tomado una decisión rápida”.

Entre enero y septiembre de este año la cartera sanitaria registró 7.067 agresiones -físicas, verbales y otras- al personal de salud en la atención primaria. En ese contexto, la comuna que entre todos sus recintos públicos registra más agresiones es Antofagasta, con 230 casos, seguida de San Bernardo (219), Temuco (212), Santiago (207), Valparaíso (166), Pudahuel (165), Arica (145), Maipú (139), San Pedro de la Paz (138) y Puente Alto (136).

De las 2.828 denuncias hechas por funcionarios de la RM, 2.170 fueron por agresiones verbales, 358 físicas, 87 sexuales, 74 ataques contra la infraestructura y 156 episodios de otro tipo.

Y justamente uno de los centros de atención primaria que ha graficado la crisis es el Cesfam de Puente Alto, más específicamente en Bajos de Mena. El mismo subsecretario Salgado relató que ahí “se vivió un nivel de agresión que no habíamos visto, porque ahí hubo amenaza directa contra todas las personas del consultorio”.

Mientras, uno de los hospitales de la capital que más preocupa es El Pino, ubicado en San Bernardo, y que la última semana ha sido protagonista de diversos episodios de violencia tanto al interior como al exterior. Esto ha implicado, a modo de manifestación, paralización de unidades.

Jorge Fontecilla, alcalde (s) de San Bernardo, dice que “la desigualdad social incide mucho. No es coincidencia que en Vitacura, Providencia, La Reina o Ñuñoa este fenómeno sea menor, mientras que las cifras de agresiones en San Bernardo son muy similares a las de Santiago y Puente Alto (...) y la solución no pasa sólo por un municipio. Por eso hemos solicitado al Minsal, a la Subsecretaría del Interior y al delegado, mayores recursos”.