Gobierno por crimen en La Reina: "No queremos más excusas de los tribunales"

Fueron tres veces las que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, repitió la misma frase: "No queremos más excusas de los tribunales". Tajante, el secretario de gobierno envió este mensaje desde La Moneda, escoltado de los jefes policiales de Carabineros y la PDI.

La frase del jefe de gabinete dirigida hacia los jueces tenía un propósito: que el imputado por el crimen de una mujer asaltada en su casa, en la comuna de La Reina, ocurrido la madrugada del lunes, sea condenado a presidio perpetuo.

El caso caló hondo en el Ejecutivo, es por eso que además de querellarse, a través de la Intendencia Metropolitana, el gobierno llamó a una reunión en La Moneda al general director de Carabineros, Hermes Soto; al director general de la PDI, Héctor Espinosa; al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y a la fiscal jefa de Las Condes, Lorena Parra.

Los dichos de Chadwick vienen a reforzar el hecho de que La Moneda determinó que la seguridad ciudadana es uno de los cinco ejes del gobierno.

Al crimen de La Reina se suma el asesinato de un joven de 28 años la semana pasada, tras ser asaltado en su casa en Lo Barnechea.

En la cumbre de autoridades organizada por Interior, se habló sobre los antecedentes que existen sobre el único detenido y sospechoso, hasta ahora: un joven de 18 años, identificado como Ariel Mena Suazo. El imputado registraba 21 detenciones previas, cuando era menor de edad.

El gobierno anunció que como querellantes, solicitarán el presidio perpetuo del imputado. "Vamos a solicitar que tengamos la máxima pena para quien resulte responsable de este hecho, o sea, presidio perpetuo", señaló Chadwick.

Según el Código Penal, el culpable de robo con violencia o intimidación será castigado con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, además, homicidio o violación".

Consultado Chadwick sobre la valoración de las pruebas que puedan hacer los tribunales, manifestó que, a diferencia de las otras detenciones, ahora el imputado es mayor de edad. "No queremos más excusas de los tribunales, y esto lo pide Chile entero, no es un problema del gobierno, Chile entero quiere que no haya mas excusas", dijo. Además, agregó que "las investigaciones en este caso se están realizando bien y no queremos disculpas".

Desde el Poder Judicial declinaron referirse a lo señalado por el ministro del Interior. Sin embargo, en la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), sí hubo comentarios. El presidente del gremio, Álvaro Flores, indicó que "si un imputado por un delito tan grave, con 18 años, tiene esa cantidad de detenciones, lo primero que hay que cuestionar es la capacidad de rehabilitación de nuestras instituciones, donde hay que buscar las respuestas y responsabilidades. El fracaso es absoluto y allí tienen que responder los encargados de las políticas públicas y sobre todo los adalides del populismo penal". Además, sostuvo que "si no se enfocan con políticas públicas serias y se pone el foco en los tribunales, se seguirá errando el diagnóstico".

El hecho de que el principal imputado haya sido un prolífero infractor cuando era menor de edad es parte del debate que abrió el caso. Para el jefe de unidad de defensa especializada de la Defensoría Penal Pública (DPP), Pablo Aranda, "es un delito grave. Pero de ninguna manera permite sacar conclusiones sobre el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente durante sus 10 años de vigencia. Hay jóvenes que sí se reinsertan. Hay 10 mil jóvenes menos en el sistema de los que existían, y según el Ministerio Público ingresa un 30% menos de menores desde la aplicación de esta ley".

Más crítico fue el director ejecutivo de la Fundación San Carlos, Marcelo Sánchez, quien señaló que "la oferta de programas en el sistema penal adolescentes no ha demostrado efectividad en reducir la reincidencia que antes de dos años alcanza sobre el 50%" (ver pág. 15).

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que "se plantea la necesidad de reflexionar sobre el fracaso que hemos tenido como sociedad en el sentido que no se han conseguido los objetivos que se propuso la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) dictada el año 2007. Ley que si bien desde la perspectiva de las intenciones es bastante razonable, desde la perspectiva de la implementación o ejecución de los programas de reinserción social claramente no ha sido satisfactoria". Y agregan: "Debe preocuparnos la cantidad y naturaleza de los delitos que cometen los jóvenes que permanecen en él". En este sentido, aseguran que el actual proyecto que crea el Servicio Nacional de ReinserciónSocial Juvenil plantea cambios a RPA, con un especial foco en la reincidencia de los menores.