Si bien el gobierno no quiere hablar de "perdonazo", sino de una "regularización con condiciones", a partir del próximo 23 de abril se iniciará un período de 90 días para que los migrantes que hayan entrado al país hasta el domingo 8 de abril puedan ingresar una solicitud extraordinaria de regularización de sus papeles. "Ha llegado el momento de poner orden en este hogar que compartimos", señaló el Presidente Sebastián Piñera, ante de entregar este anuncio desde La Moneda.

Podrán sumarse todos los extranjeros que tengan el timbre que certifica su ingreso oficial por alguna aduana o por el aeropuerto y que se encuentren en situación irregular. "Terminado ese periodo de 90 días, nosotros nos damos un año para poder revisar los antecedentes. Si cumple el requisito judicial en su país de origen, vamos a ir entregando la visa temporaria de un año, renovable por un año más, para que pueda ejercer las actividades que venía haciendo de manera regular en Chile", señaló Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, cartera que estará a cargo de este proceso.

En el caso de los extranjeros que hayan ingresado por paso no habilitado, tendrán un mes de plazo, a partir de 23 de abril, para ingresar sus antecedentes en las gobernaciones u oficinas de Extranjería del país. "Quienes no tengan el timbre, se les va dar 30 días, no queremos favorecer a quienes lleguen motivados por este anuncio. Es un beneficio para los que ya están en Chile", advierte Ubilla.

El gobierno estima en 300 mil personas las que podrían optar a este beneficio extraordinario, por lo cual se implementarán medidas de contingencia en las oficinas de Extranjería para recibir las solicitudes de regularización. "Esto no es un perdonazo, es una regularización, pero sujeta a condiciones, y esas condiciones es presentar la solicitud y no tener antecedentes penales en su país ni haber infringido la ley en el nuestro", precisó el ministro del Interior,

El anuncio, de corte administrativo, es parte de una batería de medidas que acompañaron la presentación  en La Moneda de las indicaciones al proyecto de migraciones que presentó Piñera en 2013, y que recogería algunos puntos del proyecto que presentó Bachelet en 2017.

El objetivo de estas medidas administrativas es dar una salida al problema migratorio, mientras se aprueba el proyecto de ley cuyas indicaciones ingresarían hoy o mañana a la Cámara.

El instructivo presidencial elimina la visa temporal por motivos laborales a partir del 23 de abril. Esta visa era por la que la mayoría optaba, tras vencer el plazo de 90 días que permite el estatus de turista. La visa temporaria de trabajo, creada en el gobierno de Bachelet, se reemplazará por una visa de Oportunidades, la que ahora debe ser solicitada en el país de origen y no en Chile. Esta visa dura un año.

También se crean la visa temporaria de Orientación Internacional y Nacional, las que empiezan a regir el 1 de agosto de 2019, junto a dos visas especiales para haitianos y una para la comunidad venezolana.

"Lo que se busca con todas estas medidas es cerrar las fronteras, en tanto en Chile las condiciones laborales no han cambiado, por lo tanto, seguirán llegando. Está comprobado que mientras más se restringe el acceso, más se abre paso al ingreso irregular", señaló Luis Eduardo Thayer, presidente del Consejo Nacional de Migraciones e investigador de la U. Central.

Nueva ley migratoria

Las indicaciones al antiguo proyecto de ley de migraciones de 2013 apunta a un sistema flexible de categorías migratorias. Primero contempla otorgar una residencia temporal para los migrantes que busquen radicarse por un tiempo limitado, luego podrá optar a la residencia definitiva, y al cabo de cinco años, solicitar la nacionalidad chilena. "El proyecto de ley cambia la operatoria que hoy existe para la obtención de la residencia temporal, ya que esta solo se podrá solicitar fuera de Chile, prohibiendo que se pueda solicitar el cambio de calidad migratoria de turistas a residentes estando en Chile", señaló el Presidente Piñera.

Sobre esta restricción de cambio de estatus, el economista e investigador de Clapes UC Sergio Urzúa señala que "hoy en Chile una persona puede cambiar su situación y, por ejemplo, si llegó como turista puede hacer los trámites en Chile para quedarse trabajando. Pero con la iniciativa conocida hoy (lunes)  las personas que hayan llegado en condición de turista y pretendan quedarse y trabajar en el país, van a tener que salir y hacer los trámites para poder ingresar al mundo laboral".

Las indicaciones que se quieren introducir no dejaron conforme a la diputada Daniella Cicardini (PS), presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara que estudiará el proyecto. "Me preocupa que seguimos en la lógica de una ley de extranjería y no en una ley de migraciones. Es un proyecto en que debiéramos poner un enfoque de derechos humanos. No podemos quedarnos en la lógica del ingreso y la salida, solamente en el control seguro y regulado, como dice el Presidente" planteó Cicardini.

Renzo Trisotti( UDI) descartó que la ley sea restrictiva, sino basada tanto en derechos como en obligaciones. "Hay en ella un justo equilibrio entre el legítimo derecho que tiene un país a regular el ingreso de extranjeros a su territorio, y el respeto estricto a los derechos de los migrantes establecidos en las leyes", dijo Trisotti.