A casi dos años de su inicio, la Comisión para la Paz y el Entendimiento definió una nueva prórroga para concluir sus funciones, que inicialmente estaba contemplada para el 12 de enero, y luego tras una extensión quedó fijada para el 31 del mismo mes. Sin embargo, al no logar acuerdo entre los comisionados, la Secretaría General de la Presidencia comunicó que el informe debería estar listo el 30 de abril de este año.

La Segpres argumentó que “la problemática que afecta a las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos es una de las más complejas, difíciles y prolongadas que enfrenta el país. Ante esto, valen la pena todos los esfuerzos, incluido este tiempo adicional, para recomendar medidas concretas y duraderas según el mandato que rige a esta Comisión”.

“El trabajo de las y los comisionados ha permitido procesar un nivel de información y detalle que el país no tenía sobre la situación de la tierra indígena, de los problemas de las víctimas de la violencia, del reconocimiento, del desarrollo de estas regiones y de las garantías de implementación que requieren estos esfuerzos de Estado”, se lee en el escrito.

El organismo tiene como objetivo proponer una salida para el conflicto mapuche en la Macrozona Sur, para esto ocho comisionados discuten y propones diferentes propuestas.

Pese a que todavía no hay un informe definitivo, a inicios de diciembre La Tercera publicó algunas de las medidas que discuten los integrantes (Francisco Huenchumilla, Alfredo Moreno, Carmen Gloria Aravena, Gloria Callupe, Nicolás Figari, Adolfo Millabur, Sebastián Naveillán y Emilia Nuyado). Entre las sugerencias, una de las más complicadas para llegar a un acuerdo; es el plan para la reparación de tierras, demanda fundamental para el pueblo originario.

Los miembros pueden elaborar sus propuestas individuales, pero el informe debe ser aprobado por toda la comisión para tener validez. La idea base es la que realizó Huenchumilla y Moreno, quienes proponen que “el Estado debe pedir perdón por las injusticias cometidas contra el pueblo mapuche y a los colonos chilenos y extranjeros por su traslado a un territorio en conflicto, así como a todas las víctimas a la fecha por no haber cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad”.

El motivos de la prórroga

Según el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Álvaro Elizalde, la prórroga surge a raíz de una solicitud del comisionado Sebastián Naveillan, quien señaló que “aún no existe consenso respecto a la reparación de tierras”, una demanda fundamental para el pueblo originario, en ese sentido, la comisión se ve complicada en su avance.

Elizalde señaló que el objetivo de llevar el trabajo a prórroga es que “se arribe a un acuerdo sustantivo. De hecho, ya se ha avanzado mucho, y esta es una materia que se va a resolver a través de la vía reglamentaria”.

Además, sobre el mismo punto el ministro señaló que: “la comisión debe tener todo el tiempo necesario para arribar a un acuerdo, y la verdad es que podríamos decir que hay un acuerdo sustantivo, pero ya centrado en ciertas ingenierías y detalles que requieren un poco más de tiempo, porque si finalmente la comisión hace propuestas que sean transversalmente apoyadas, vamos a sentar el primer paso para resolver un tema y un problema que se ha postergado desafortunadamente por mucho tiempo”.