Este lunes se promulgó en el Diario Oficial el decreto que modifica la implementación de la Ley 21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas, atrasando su puesta en marcha al pasar de tres años a 54 meses (cuatro años y medio) a partir de su publicación.
En concreto, esto significa que el proyecto de ley que se aprobó en agosto de 2021 no va a ser implementado en su etapa final durante la administración de Gabriel Boric, pese a que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, ha expuesto en reiterada ocasiones la importancia de detener la contaminación por plásticos. “Cada año se producen más de 400 millones de toneladas métricas de desechos plásticos y se estima que más de 20 millones de toneladas de esta basura plástica termina en nuestros ecosistemas terrestres y marinos: ríos, lagos, quebradas y mares”, expresó en su momento.
La razón que llevó a postergar la entrada en vigencia de la ley radica en que el Ministerio de Medio Ambiente no logró cumplir con el plazo para hacer el reglamento de la norma, que originalmente debía estar listo en febrero de 2023. A eso se suma la resistencia de la industria de restaurantes y cadenas de alimentos para poner en marcha el proyecto de ley. Estas tuvieron un amplio despliegue en el Congreso para advertir sobre los prejuicios que, según ellos, la norma podría traer para el gremio y sus consumidores.
Frente a este escenario, el gobierno acogió el proyecto de ley del senador Sergio Gahona (UDI) junto a los senadores José Miguel Durana (UDI), Rafael Prohens (RN), Gustavo Sanhueza (UDI) y Matías Walker (Demócratas), que ajustaba los plazos de entrada en vigencia de algunos artículos debido a que el Ministerio de Medio Ambiente, como se ha dicho, no cumplió con la entrega del reglamento que permitía su aplicación en febrero de 2023.
“La ley no se puede aplicar sin reglamento. Entonces, lo que se hace es darle plazo al gobierno para que pueda dictar este reglamento y con eso se generan las certezas correspondientes para saber cómo va a operar la ley y para que así todos los regulados se puedan adaptar en términos de certezas jurídicas, en términos de certezas de los procesos de certificación, en términos de lo que pueden hacer y no pueden hacer, lo que pueden entregar o no pueden entregar, qué pasa con los productos que son de uso duradero. Ese tipo de cosas más de detalle todavía no está resuelta”, sostiene el senador Gahona a La Tercera.
La Ley 21.368 entró en marcha el 13 de febrero de 2022 y desde ahí inició una primera etapa de regulación de plásticos en los establecimientos de expendio de alimentos -restaurantes, cafeterías y fuentes de soda- prohibiendo la entrega de bombillas, revolvedores, palillos y cubiertos de plástico en su primera etapa de implementación. Asimismo, la ley establecía que en agosto de 2024 ningún local de comida podría utilizar productos que no sean reutilizables, prohibiendo el uso de cualquier producto plástico o de cualquier otro material no reutilizable tanto al interior de los locales como en sus operaciones.
El diputado Daniel Melo (PS), integrante de la Comisión de Medio Ambiente, es crítico de la postergación. “Ninguna razón justifica que un reglamento no esté dictado. De hecho, la propia ministra indicó en la comisión que el reglamento se encontraba casi listo, por lo cual es inentendible que se haya prorrogado la puesta en marcha de la última etapa de esta ley”.
Mientras que para Cristóbal Correa, director de las campañas de contaminación de Oceana, organización no gubernamental que promueve la conservación marina y ha sido parte de la orquesta de proyectos ligados en materia medioambiental, “es inaceptable que se haya postergado la obligación de prohibir la entrega de desechables para el consumo dentro de los locales de comida, sobre todo porque esta disposición no está sujeta a ningún reglamento”.
Es más, agrega que “lo que es peor, sabemos del lobby que las cadenas de comida rápida internacionales están haciendo y usarán este tiempo extra para seguir presionando para cambiar la ley”.
Empresas como Walmart, Nestlé, Starbucks y las operadoras de KFC, McDonald’s y Burger King establecieron una serie de reparos a la iniciativa. Incluso, algunas de ellas, salieron a valorar la postergación de la entrada en vigencia de la ley luego de ser aprobada por ambas salas. Y también destacaron la aprobación del proyecto que permitía el atraso en la puesta en marcha de la legislación.
“Es una buena noticia. Agradecemos que el Parlamento y el Ejecutivo hayan patrocinado la idea de postergar la ley, ya que no contaba con un reglamento que proporcionara certeza jurídica y resolviera muchas de las dudas del sector gastronómico y de las municipalidades encargadas de fiscalizar esta ley”, comentó, por ejemplo, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo.
Para el diputado Melo, desde que se aprobó la ley “la industria comenzó a horadar la iniciativa”, aunque cuánto influyó, dice, “no puedo medirlo. Lo lamentable es que el Ministerio de Medio Ambiente se hiciera parte de esto, respaldando la iniciativa a través de la discusión inmediata, sobre todo ante la gravedad de la contaminación por plástico que tiene nuestro país cerca de sus costas, como en los diversos cuerpos de agua”.
La Tercera contactó al Ministerio de Medio Ambiente para obtener una versión sobre la decisión tomada. Sin embargo, declinaron hacerlo, argumentando que fue una moción parlamentaria y que por tanto no tenían nada que decir al respecto.
Atraso generalizado
El reglamento para la ley que prohíbe el uso de plásticos de un uso no ha sido el único que opaca a Medio Ambiente. Según el senador Gahona, hoy el ministerio se encuentra congestionado y con varios atrasos en el cumplimiento de la ley Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
“No quiero justificar al gobierno en esto (...) pero hay que reforzar el Ministerio de Medio Ambiente con más recursos para que pueda avanzar más rápido”, dice.
Las críticas por la demora han llegado incluso puertas adentro. Conocedores de la interna reseñan que el año pasado la Segpres le exigió a los jefes jurídicos de todos los ministerios ponerse al día con los reglamentos atrasados.
