“Dispónese el abandono del país en 15 días”. Esta frase ya está impresa en 34 decretos de expulsión de extranjeros, los que fueron detenidos cometiendo delitos durante la crisis social, posterior al 18 de octubre del 2019. Sin embargo, el proceso no terminará con esos oficios, ya que el gobierno decidió sacar del país a más de 50 inmigrantes que habrían participado en actos ilícitos durante las protestas.

Esta tramitación, la cual es llevada adelante por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, ya tiene contemplado el abandono de 53 personas, donde 34 decretos ya fueron firmados, 12 están en trámite en el gabinete y siete oficios se encuentran en el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).

La mayoría de las expulsiones tiene que ver con imputados que fueron detenidos en medio de saqueos. El 68% de quienes ya fueron notificados del proceso de salida fue arrestado por la policía en medio de robos en supermercados y tiendas comerciales.

El subsecretario Galli explicó a La Tercera que “esto es parte de lo que hemos impulsado como una política desde el Ministerio del Interior. Chile es un país abierto a la migración y acoge sin problemas a quienes quieran venir a vivir a nuestro país, sin embargo, eso también tiene una responsabilidad, ajustándose a nuestras leyes y normas, y más sobre todo en medio de los desórdenes ocurridos ‘post 18 de octubre’, que era cuando el país más necesitaba tranquilidad en el orden público”.

Galli agregó que “hemos sido tajantes y lo seguiremos siendo: todas las personas extranjeras que participen en saqueos, agredan a las fuerzas policiales y cometan delitos en una situación migratoria irregular, serán expulsados de nuestro país. Además, hoy en una instancia de pandemia y crisis sanitaria, más que nunca se requiere que las personas cumplan con las disposiciones para cumplir el orden público”. La autoridad precisó que todos los deportados son personas que, además, estaban en una situación migratoria no regularizada.

En ese sentido, las cifras de expulsados también podrían seguir aumentando, dado que hay procesos penales que siguen vigentes, por ende, una vez concluidos, otros extranjeros involucrados en delitos también podrían ser deportados del país.

De todas maneras, advirtió el propio Galli, estos números “no son un porcentaje relevante”, al compararlos con la totalidad de detenidos durante la crisis social. Según cifras de Carabineros, entre octubre y diciembre se detuvo a 19.125 personas por delitos asociados a orden público y saqueos.

Dentro de los individuos notificados de su expulsión destaca el caso del venezolano Wladimir Aguilar Gastelo, quien abandonó el país en febrero de este año, luego de que el 15 de noviembre fuera grabado descargando un camión con un acoplado lleno de piedras, las que fueron dejadas en medio de una protesta en Plaza Italia.

Respecto de las nacionalidades de los expulsados ya notificados, hay 12 peruanos, seis venezolanos, seis colombianos, cuatro ecuatorianos, tres dominicanos, un boliviano y un haitiano.

Para José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, “el Estado está en su derecho a expulsar si transgreden la normativa y hay un debido proceso de juicio que dictamina la expulsión. Es un mecanismo que se ha llevado a cabo hace décadas”.

Desde el gobierno advierten que estos procesos de expulsión seguirán siendo aplicados en caso de que se repitan actos delictuales similares.