Pasadas las 19:00 horas de este domingo, dos de las cinco organizaciones de dueños de camiones que mantenían por séptimo día consecutivo el paro de transportistas a lo largo del país, llegaron a un acuerdo con el gobierno y se comprometieron a retirar sus vehículos de las vías. Se trata de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) y Fedequinta, cuyos dirigentes firmaron un documento con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en las oficinas del Ministerio de Transportes.

Al salir del encuentro, Iván Mateluna, vicepresidente de la CNTC y presidente de Fedequinta, señaló que “hoy en un consultivo de urgencia que tuvimos, casi el 99% aprobó que lo que había enviado Hacienda era un acuerdo suficiente, dado que con la responsabilidad que tenemos como país, entendemos que el Estado está haciendo un esfuerzo”.

El dirigente agregó, sin embargo, que “no nos vamos contentos. La verdad es que quiero pedirle disculpas a las personas que se esperanzaron de que el gobierno nos podía ayudar. Nuestras bases nos mandataron y cumplimos todo lo que nos mandataron”.

Monsalve, por su parte, explicó que entre las medidas pactadas “el gobierno va a ingresar un proyecto de ley para impedir el alza del diésel durante 120 días. Después de los cuatro meses, por un año va a operar un mecanismo en el cual cada 21 días se va a ajustar el precio del diésel, pero nunca más allá de una banda de $15″.

Sobre los grupos que aún mantienen la movilización, el subsecretario del Interior expresó que “quiero decirle a aquellos que no han llegado a acuerdo que se pueden sumar, porque resuelve el problema de los transportistas y también resuelve los problemas del país. No tiene sentido mantenerse en paro (…) Lo que sí no podemos aceptar son amenazas de bloqueos en las carreteras de Chile”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien también fue parte del acuerdo, llamó “a quienes todavía siguen movilizados a que se sumen a sus líderes positivos, a los líderes que tienen, para que se sumen a las conversaciones, se sumen a estos acuerdos que son fundamentales para llevar los problemas del transporte a una solución”.

Los nuevos términos acordados

El acuerdo firmado este domingo considera cambios con respecto a lo ofrecido el lunes pasado por el gobierno, especialmente en materia de estabilización del precio del diésel, que tiene un alto impacto en los costos del transporte.

En el acuerdo original, el gobierno planteó -mediante el envío de un proyecto de ley- un congelamiento del precio del diésel durante 90 días, tras el cual su valor sería ajustado en un máximo de $36 el litro al alza o a la baja, según correspondiera. Ahora en cambio, ese plazo se extiende a 120 días -cuatro meses- y el mecanismo solo operará para evitar incrementos del precio, mientras que si hubiese bajas en dicho periodo, estas se traspasarían. Y salió del acuerdo el ajuste posterior de los $36 máximos.

Del mismo modo, en el texto del lunes se estipulaba que luego del lapso transitorio de estabilización, el mecanismo permanente consideraría aumentos máximos de $12 cada 15 días, lo que se modificó en el acuerdo de este domingo por un alza tope de $15, cada 21 días, pero con una duración de un año.

El gobierno se comprometió en este nuevo texto a mandar al Congreso la iniciativa de ley correspondiente durante diciembre.

Asimismo, se incorporó al acuerdo la conformación de una mesa tripartita, encabezada por los ministros de Transportes y de Economía, e integrada por la CPC y los dirigentes de los camioneros, para abordar mecanismos que permitan “que eventuales fluctuaciones de precio de los combustibles sean reflejados en las tarifas de los generadores de carga del transporte, particularmente respecto de aquellos transportistas que no ajustan sus tarifas de acuerdo a polinomio (pequeños transportistas)”. Se estableció que su sesión inicial será en la primera quincena de diciembre.

Otro punto que se agregó fue que el gobierno se compromete a realizar “gestiones ante el Ministerio Público para la designación de fiscales preferentes por zonas para investigar delitos que afectan a los transportistas”. También en seguridad, se especificó que se construirán “seis zonas de descanso en la macro zona norte en puntos o vías fiscales concesionadas, mediante gestiones del Ministerio de Obras Públicas”.

Finalmente, se mantuvieron los compromisos como la inyección de US$1.500 millones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles en la Ley de Presupuestos 2023, extender por un año la vigencia del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico y el establecimiento de un seguro complementario para el transporte de carga.

Día de emplazamientos

Así, la firma del documento logró desactivar parcialmente el conflicto, luego de una jornada en la que el gobierno apostó por mantener su oferta del sábado y emplazó directamente a los transportistas, asegurando que no existían motivos para continuar con el paro.

“Chile no está en condiciones de ocupar sus recursos públicos exclusivamente en resolver un problema que es de privados. El problema que tienen de tarifas lo tienen que resolver con quienes les fijan las tarifas, que son las empresas que les generan la carga”, señaló pasadas las 13:00 horas del domingo el subsecretario Monsalve. Además, insistió en que el gobierno no accedería a la petición de rebaja en el precio de los combustibles, punto que había quebrado la mesa de negociación que sostuvieron con los camioneros hasta altas horas del sábado.

Al mismo tiempo, el gobierno trasladó parte de la resolución del conflicto al rol que debe tener la CPC. “Puede ser que haya sectores del transporte donde sube el combustible y no les modifican su tarifa, les siguen pagando lo mismo, por lo tanto, están asumiendo el alza del costo del combustible. Por eso conversamos con la CPC, y ayer (sábado) sentamos a la mesa, en conjunto con los transportistas, al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, el señor Juan Sutil”, señaló el subsecretario del Interior.

Horas antes, en entrevista con Estado Nacional de TVN, Sutil manifestó que se había reunido con los líderes de las movilizaciones desde el lunes de la semana pasada y que como CPC estaban disponibles para resolver los temas tarifarios en una mesa “de ocupación”. “El viernes estuve trabajando hasta las 2 de la mañana y ayer trabajamos más de 12 horas seguidas en conversaciones permanentes y yo creo que ya se debiera empezar a buscar un acuerdo para terminar este problema”, afirmó el líder de los empresarios, lo que más tarde se materializó con el texto firmado con la CNTC y Fedequinta.

Dicha mesa, de acuerdo al subsecretario Monsalve, deberá resolver “aquellos casos donde no haya contratos con polinomios que reflejen el alza de los combustibles en las tarifas” y que “hay un compromiso de la CPC de resolver eso donde no hay ajuste de tarifa”.

Tras el emplazamiento de la autoridad, Freddy Velásquez, dirigente de la Federación de Camioneros Centro Sur, uno de los gremios que han mantenido la movilización, llamó a continuar con el paro. “Traspasar el problema a los privados no es lo que vinimos a hacer. El tema con los privados lo hablaremos entre privados”, agregó.

Horas después, se evidenciarían nuevas grietas entre los grupos de camioneros, cuando conductores de Valparaíso anunciaron que terminarían con la movilización. Sus palabras dieron cuenta de la dispersión que existe entre los diversos grupos de transportistas, a la que el gobierno también ha apuntado para desactivar el conflicto. De hecho, en el programa Estado Nacional de TVN, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, tuvo duras palabras para los que catalogó de “grupos descolgados (que) han superado largamente la línea de lo aceptable y comprensible”.

“Todo esto que hemos vivido es producto de una intransigencia de parte de estos grupos que tienen pretensiones que son excesivas”, afirmó la Uriarte, a lo que agregó que “si hay algo imposible de dimensionar en su exacta medida es la ambición de estos grupos descolgados y otros espontáneos”.

Sin mencionarlos, la ministra apuntó sus dichos hacia los grupos Fuerza del Norte y Federación de Camioneros Centro Sur, cuyos líderes señalan que agrupan a pequeños empresarios que han quedado fuera de las negociaciones realizadas por gremios de mayor envergadura como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que selló un acuerdo con el gobierno el lunes pasado. Al cierre de esta edición, ambas organizaciones se mantenían fuera de cualquier acuerdo con el gobierno.

Hasta la tarde del domingo, la subsecretaría del Interior dio cuenta de 36 focos de movilizaciones de camioneros en todo Chile, con vehículos estacionados en la berma y en algunos pocos casos utilizando una pista de la vía. La cifra fue mucho menor a los 49 puntos de protesta del día anterior.

Con respecto a la situación del abastecimiento, la ministra Uriarte señaló que, pese a que se han conocido imágenes de falta de mercadería en algunos puntos del norte del país, “no hay una crisis de abastecimiento. Lo que existe es dificultades de reposición en algunos puntos y respecto de algunos bienes”.

Juan Sutil, en tanto, aseguró que las dificultades de reposición de bienes estarían controladas gracias a la caravana de camiones con carga para supermercados que fue escoltada por carabineros el día sábado. Con respecto a los efectos en el mundo agrícola, el líder gremial expresó que “este minuto, en inicio de las cosechas, la lechuga, las cerezas, los damascos, son todos altamente perecibles. Si esto no se resuelve, probablemente en la semana las pérdidas van a pasar de 200, 300 millones de dólares por la incapacidad de mover los contenedores a los puertos”.