En una semana marcada por delitos cometidos por menores, el gobierno salió a descartar la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad a niños, niñas y adolescentes, iniciativa que surgió este año entre un grupo de diputados RN para sancionar a quienes cometan ilícitos antes de cumplir los 14 años.
Así lo señaló ayer el ministro de Justicia, Hernán Larraín -tras participar en la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública-, consultado sobre los últimos dos hechos de violencia sexual que involucran a menores. El primero se registró en Pudahuel, donde un grupo de niños de entre ocho y 12 años habrían abusado de una menor de ocho, mientras que el segundo ocurrió en Santiago Centro, donde cuatro personas, entre ellas dos menores, habrían violado a una mujer de casi 30 años.
"El problema de los menores de 14 que cometen delitos no se resuelve tratándolos como delincuentes juveniles, sino que como niños o niñas que tienen problemas graves que no hemos sabido enfrentar. Por cierto que requieren modelos de intervención distintos a los que hemos estado utilizando, pero no los mismos. Aquí ha fracasado la educación sexual, la responsabilidad de los padres y del Estado", sostuvo Larraín.
Respecto de si debería rebajarse la edad de imputabilidad -la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) hoy sanciona a niños, niñas y adolescentes a partir de los 14 años-, el titular de Justicia sostuvo que "no debería modificarse. No resolvemos el problema de niños o niñas que puedan cometer delitos bajando la edad, porque el problema es de justicia restaurativa; más que sancionar a estos niños hay que saber cómo los recuperamos".
Ayer, La Tercera reveló que uno de cada 10 delitos sexuales es cometido por menores de edad. Al respecto, Larraín manifestó que "es un diagnóstico preocupante del fracaso de la educación sexual y la falta de mecanismos de intervención adecuados para intervenir ese problema".
En junio de 2007, cuando se implementó la RPA, se estableció como penalmente responsables de delitos a todos los menores de entre 14 y 18 años, y se propusieron distintas medidas sancionadoras, no solo la privación de libertad. Entre estas está la internación provisoria, planes de intervención y un sistema de acompañamiento por parte de trabajadores sociales y sicólogos.
Para el senador PPD, Felipe Harboe, la decisión del gobierno es la adecuada, pues considera que "la respuesta a la delincuencia de menores de 14 años no es bajar la edad de responsabilidad, sino focalizar políticas sociales de educación, cariño, protección y desintoxicación cuando corresponda".
Para el diputado RN Gonzalo Fuenzalida, uno de los gestores de la iniciativa de reducir la edad de imputabilidad para menores infractores, no se debería cerrar la puerta a esta posibilidad: "Creo que es un tema delicado que hay que estudiar con cifras, y analizar la real participación de menores de entre 12 y 14 años (en delitos) en Chile. Es bueno saber su compromiso delictual, porque si la cifra es alta, enviarlos de vuelta a la casa, como sucede hoy, no sirve para nada".
Sin embargo, para el director ejecutivo de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, "si bien es adecuado no bajar la edad de responsabilización de los niños, se hace necesario contar con una oferta de programas basados en evidencia, con cobertura para los niños declarados inimputables. Ellos hoy son invisibles para el sistema y no cuentan con una oferta especializada para apartarlos del delito".
Acuerdo en seguridad
En tanto, el Presidente Sebastián Piñera firmó ayer el Acuerdo Nacional en Seguridad Pública. Allí se fijaron 150 medidas para mejorar las labores preventivas, investigativas y administrativas en materia de persecución criminal, luego de que 18 miembros de la instancia, entre ellos expertos y parlamentarios, analizaran distintas propuestas por tres meses (ver recuadros).
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, explicó que "tenemos modificaciones importantes, sobre todo en la ley orgánica de las policías, que son modificaciones legislativas, en la Ley de Control de Armas y en la Ley Orgánica de las Municipalidades (…). El Presidente nos ha puesto un plazo de 90 días para efectos de que todo lo que es materia legislativa lo podamos tener para enviar al Congreso. Hay también medidas administrativas que las vamos a implementar a la brevedad posible".
