En sus primeros anuncios como gobernante, en marzo pasado, el Presidente Sebastián Piñera lanzó lo que su administración denominó como Acuerdo Nacional por la Infancia, con una decena de acciones destinadas a la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente los más vulnerables.
Más allá del caso del Servicio Nacional de Menores (Sename), actualmente en vías de reestructuración, la "hoja de ruta" presidencial en este tema planteaba una serie de desafíos. Pasados siete meses, los principales avances, consignados en un informe elaborado por la Secretaría General de la Presidencia, incluyen la creación de 94 propuestas desarrolladas por la mesa de trabajo para el Acuerdo Nacional por la Infancia, formada por distintos actores políticos y de la sociedad civil.
Un total de 84 de dichas propuestas ya están en curso a noviembre de este año. Entre ellas se cuentan la creación de la Subsecretaría de la Niñez y el ingreso al Parlamento del proyecto de Sala Cuna Universal, además del que establece el kínder obligatorio.
Con respecto a 2019, el informe detalla que en el presupuesto, pese a que se trata del más austero en gasto público en los últimos ocho años, la cifra destinada a infancia se eleva a $ 219.470 millones.
"El presupuesto en materia de infancia aumenta en 143,6% respecto del año 2018, sin considerar educación", aseguró la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown.
En el desglose de la cifra por ministerio destacan los montos asignados a las carteras de Salud ($ 56.688 millones), Justicia y Derechos Humanos ($ 46.592 millones), Desarrollo Social ($ 20.519 millones), además de los fondos imputados al Tesoro Público y que se refieren a la implementación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez ($ 2.180 millones) (ver infografía).
Un énfasis especial, de acuerdo a las cifras que arroja el reporte de la Segpres, queda en evidencia en los recursos asignados a las medidas vinculadas al apoyo al desarrollo biopsicosocial de niños, niñas y adolescentes, en el marco del programa Chile Crece Contigo, las que reciben $ 19.587 millones, es decir, casi 9% de la cifra total.
Otra iniciativa encuadrada en Chile Crece Contigo, esta vez el programa de Apoyo al Recién Nacido, recibirá $ 15.070 millones. En tanto, las medidas de fortalecimiento del sistema Chile Crece Contigo tienen asignados para el próximo año un total de $ 16.057 millones.
Por otro lado, el Sistema Intersectorial de Salud Integral obtendrá un presupuesto de $ 13.027 millones, y el incremento en gasto de subvenciones en áreas de protección a infancia vulnerada tiene asignados $ 12.769 millones.
Prioridades
La Tercera consultó a autoridades, parlamentarios y fundaciones que trabajan directamente en temas de infancia sobre los énfasis considerados en las iniciativas gubernamentales, y los que deberían recibir mayor atención.
La subsecretaria Bown valoró iniciativas como el sistema Alerta Niñez, diseñado para identificar y brindar apoyo a los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, y el programa Chile Crece Contigo. Al mismo tiempo, reveló que la cartera de Desarrollo Social destinará recursos a campañas de prevención del maltrato y el abuso sexual.
Bown también resaltó los incrementos de ingresos asignados, en materias de infancia, a la cartera de Justicia. Entre ellos, resaltó los programas de defensa jurídica para menores de edad y el aumento de recursos destinados al Sename.
Desde el Congreso, la diputada Marcela Sabat (RN) consideró que el presupuesto destinado a Sename "es un fiel reflejo de la prioridad que ha dado el Ejecutivo a los temas de infancia", y destacó que los montos irían a mejorar el sistema de cuidados alternativos, "con la transformación de los actuales Cread en residencias familiares". Del mismo modo, resaltó la implementación de residencias de alta especialidad para los niños que requieran un tratamiento de estabilización de salud mental.
En tanto, el diputado Gabriel Boric (MA) insistió en que la prioridad es aumentar el financiamiento en el ámbito de la protección de los menores, "pero cambiando la estructura basal" de dicha asignación de recursos, en la dirección de entregar "aportes fijos a quienes lo hacen bien, y no solo mediante voucher, como se ha hecho hasta ahora". Agregó que "eso, por tanto, requiere mejorar la fiscalización, y es lo que estamos haciendo con la ley que crea el nuevo Servicio de Protección a la Infancia".
Con base en la evidencia
En tanto, Patricia Muñoz, defensora de los Derechos de la Niñez, quien comenzó su gestión el 1 de julio pasado, hizo énfasis en que se debe abordar la protección de la infancia mediante la articulación de distintos servicios públicos.
"Se requiere contar con una solución holística, gradual y de largo plazo", explicó.
Del mismo modo, enfatizó que el diseño de nuevos programas e iniciativas debe basarse "en evidencia y contemplando evaluaciones ex-ante, de medio tiempo y posteriores, que permitan focalizar el gasto de una manera más eficiente".
En este punto, lamentó que hasta la fecha "no se ha podido realizar una sistematización seria".
Para Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, "se requiere un sistema de alerta realmente preventivo y robusto, de calidad, universal, y con la más alta evidencia de resultados". También resaltó el aspecto del fortalecimiento de la cobertura en salud mental de niños, niñas y adolescentes.
En otro plano, el director ejecutivo del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero, planteó que una de las prioridades que ha sido descuidada, a juicio de la entidad, es la de las escuelas de reinserción escolar, que han visto disminuido su presupuesto desde 2015. De igual modo, consideró importante aumentar o igualar el presupuesto destinado a jardines infantiles pertenecientes a Junji y sus organismos colaboradores de este. "Da la impresión que hay niños de primera y segunda categoría, niños que reciben subsidios más bajos que otros", señaló.
Romero también expresó preocupación por los menores en situación de calle. "Hoy hay más de 700 niños, niñas y adolescentes que viven en la calle y no cuentan con ningún tipo de apoyo directo", aseguró.