Al interior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se estudia la creación de un proyecto de ley que norme la conmutación de penas para personas condenadas a prisión efectiva y que padezcan demencia o enfermedades terminales.
La propuesta contempla incluir a todo tipo de reos, incluidos aquellos que cumplen sentencia por casos de derechos humanos.
Según indicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, entre las posibilidades que el Ejecutivo analiza en esta fase prelegislativa existe la opción que sea un juez quien determine la sustitución de una pena por otra de menor rigor, como sería el paso desde la prisión efectiva a arresto domiciliario.
En la actualidad, esta potestad pertenece al gobierno, el cual posee la atribución de indultar de forma total o parcial a personas condenadas que invoquen circunstancias humanitarias.
"Estamos estudiando que esto no quede en manos de una autoridad que de forma individual, a través de un indulto resuelva, sino que sea una ley con un procedimiento objetivo, buscando causales y quizás con una autoridad distinta, como podría ser un juez, que sea quien resuelva con mayor objetividad y transparencia esta situación", dijo Larraín.
Esta no es la primera propuesta del Ejecutivo en este sentido. El ministro de Justicia indicó que existe la intención de impulsar la creación de tribunales de ejecución de penas, entidades encargadas de dar cuenta del cumplimiento de las condenas y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
En opinión de la autoridad, la propuesta apunta a "personas con una enfermedades graves y terminal, o cuando están completamente invalidadas por estar privadas absolutamente de la razón o tener una enfermedad como un alzhéimer grave y desatado".
Al respecto enfatizó: "Pensamos que es inhumano que una persona que está a punto de terminar su vida lo haga en esas condiciones, cuando quizás ese sea el minuto de partida en que debe estar junto a su familia".
Además, Larraín descartó la opción de incluir la delación como exigencia para personas involucradas en crímenes de lesa humanidad. "Qué posibilidades tiene una persona que ha perdido la razón de prestar declaraciones o reconocimiento, qué posibilidades tiene alguien en la puerta de la muerte de estar en esa situación. No se trata de una persona que haya cometido este u otro delito, se trata de una condición de dignidad humana, que creo la ley lo debe dar cuenta", indicó.
Debate entre diputados
Para el diputado Leonardo Soto (PS), miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa "tiene nombre y apellido muy claro. Es en beneficio a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, por genocidio, y que hoy cumplen condena en el penal especial de Punta Peuco. Es una medida hacia ellos, no es que súbitamente este gobierno se haya sensibilizado por la situación de los presos comunes".
Además, Soto indicó: "Este gobierno tiene la facultad de cambiar las penas de las personas que hoy están en situación de encierro para transformarlas en reclusión domiciliaria, cuando se invocan situaciones humanitarias, pero por la vía de una decisión ministerial del propio ministro de Justicia".
Contraria es la opinión de la diputada Paulina Núñez (RN), quien valoró la opción del gobierno, debido al excesivo presidencialismo existente en Chile. Y, además, consideró "correcto que en este caso y, sobre todo, si son requisitos para poder acceder a un beneficio, sean los propios tribunales quienes decidan".
Consultado sobre la propuesta que prepara el gobierno, el fiscal nacional, Jorge Abbott, destacó que la facultad de conceder indultos "está fundamentalmente en el Ejecutivo, que debe evaluar las situaciones en las cuales no corresponda que las personas se mantengan privadas en libertad por sus particulares condiciones".
