La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió esta tarde a la polémica decisión del Juzgado de Garantía de Ovalle de ordenar la libertad de 23 integrantes de una banda de narcotraficantes tras el pago de una fianza de $ 2 millones de pesos por cada uno.
Los sujetos, todos adultos de nacionalidad chilena, fueron detenidos tras una investigación conjunta de la PDI de La Serena con la Fiscalía de Focos Investigativos, en la que se decomisaron más de 1.600 kilos de marihuana. Tras esto, se intervinieron 28 domicilios en Ovalle, incautando armas, municiones, vehículos, más de $283 millones de pesos y 4.500 dólares de dinero en efectivo, además de 111 kilos de droga procesada.
Pese a que desde el Ministerio Público se solicitó la prisión preventiva para todos los detenidos por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, el juez Luis Muñoz solo fijó la citada caución, lo que permitió a los miembros de la banda salir en libertad.
Ante esto, la ministra Tohá reiteró que desde el Ejecutivo estiman que la decisión judicial genera “enormes riesgos”, por lo que “el gobierno se hizo parte en esta causa, es interviniente actualmente, y nuestros equipos jurídicos están evaluando la posibilidad de solicitar al juez que se inhabilite en lo sucesivo en lo que se refiere a ver esta causa”, ya que, la investigación, hacia el futuro, “ha quedado en una situación frágil después de lo que hemos vivido en los últimos días”.
Esto, debido a que “el planteamiento que él (juez Muñoz) hizo respecto de la prisión preventiva mostró una opinión que ya tiene en relación a la investigación, que muestra que no le tiene mucha fe a esta investigación, que a nosotros nos parece que es una investigación de delitos muy graves que tienen que ser perguidos y sancionados, y que, entremedio, tienen que tomarse todas las precauciones para asegurar que estas personas no se fuguen”.
Al respecto, la ministra Tohá valoró la apelación realizada por la Fiscalía ante el tribunal de alzada con el fin de que las 23 personas vuelvan a prisión preventiva, las cuales son buscadas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).
