Gobierno ha gastado US$ 1 millón en vuelos para expulsar a extranjeros

Expulsar a un extranjero del territorio nacional trae consigo un despliegue de recursos humanos y económicos. Estos aumentan aún más cuando el traslado se hace vía aérea, ya que es el Estado el que debe pagar el pasaje del foráneo, más el de los policías que deben escoltarlo hasta su país de origen. En este ítem, Chile ha gastado en lo que va de este año una cifra que bordea US$ 1 millón.

Este monto, hasta ahora desconocido, se encuentra en un oficio que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, envió a la Cámara de Diputados. En este se detalla que entre el 1 de enero y el 23 de octubre, "el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en el periodo 2018 ha gestionado con cargo a presupuesto vigente para tales efectos el pago de $ 618 millones por concepto de pasajes de expulsados y escoltas" (ver infografía).

Asimismo, el documento especifica que el costo promedio del pasaje para un deportado es de $ 466 mil y el de un escolta es de cerca de un $ 1,3 millones. En el caso de este último se paga más, porque el pasaje debe ser de ida y de vuelta, en cambio, para el expulsado solo se compra pasaje de ida a su país de origen.

A los $ 618 millones gastados durante 2018 se suman $ 47 millones que, calcula del DEM, se desembolsaron para trasladar a 51 migrantes colombianos a través de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), el 16 de agosto pasado.

Además, en el mismo oficio, Ubilla recalca que los pasajes aéreos tienen relación con "órdenes de expulsiones de extranjeros que fueron ordenadas por decisiones judiciales y administrativas".

Sobre las razones para deportar, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio, precisó que "entre el 90% y el 95% de las expulsiones tienden a ser judiciales, es decir, personas que son condenadas en Chile y ya cumplieron parte de la pena, o que terminaron toda la pena y el juzgado determinó que debe ser expulsado. La mayoría es por narcotráfico".

Sobre las decisiones administrativas, Bellolio explicó que se expulsa a "personas que tenían antecedentes penales graves en su país de origen y que entraron de forma ilícita, sin exponer estos antecedentes y que en la práctica no deberían haber ingresado. Por ejemplo, encontramos a un sicario y alguien que estaba en alerta Interpol".

Indicó, además, que "el resto de las expulsiones han sido a través de buses de la PDI cruzando la frontera. Por lo tanto, no es un gasto del DEM. Todo lo que es transporte aéreo lo ponemos nosotros, ya sea nacional o internacional". Sobre esto, detalló que estos fondos se obtienen de una cuenta bancaria a la que llega el dinero de las multas y sanciones que les cobran a los migrantes que incumplen la Ley de Extranjería. "Hay que ocupar el 50 % (del dinero de esa cuenta) para materializar expulsiones", indicó la autoridad.

De acuerdo a la contabilidad del DEM, dijo Bellolio, en 2017 se deportó vía aérea a 321 migrantes y el total de gasto en pasajes de expulsados y escoltas fue de $ 1.126 millones. Explicó que esto se debió a que "en 2017 los pasajes fueron más caros, se cancelaron varios vuelos y que había muchas facturas de PDI pendientes que se pagaron y por eso se elevó (el gasto)".

Así, aseguró que en el gobierno anterior "el proceso de expulsión fue menos eficiente, en términos del gasto, de lo que ha sido hoy, ya que se estaba gastando más y expulsando menos".

El exjefe del DEM durante la administración de Miche-lle Bachelet, Rodrigo Sandoval, dijo que "el último reporte que conocí sobre esta materia, en junio de 2017, esto es, un mes antes de renunciar, daba cuenta de un gasto efectivo a esa fecha de poco menos de $ 350 millones, razón por la que desconozco cómo se arriba a los $ 1.126 millones".

Añadió, sobre las diferencias entre el gasto de 2017 y 2018, que "puede deberse a muchos motivos. Por ejemplo, es muy distinto el costo si la mayoría de los expulsados de un año tenían como destino Colombia, a que si viajaban a República Dominicana, razón por la que sería necesario un mayor detalle de la información para poder arribar a una explicación más concreta".

Para el director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, el sacerdote José Tomás Vicuña, el Estado está en su derecho a realizar las expulsiones. "Es algo que se ha hecho siempre", dijo. Sin embargo, señaló que "con una política migratoria integral de largo plazo, los fondos debieran destinarse cada vez más a políticas de inclusión en lugar de expulsión. Ojalá hablemos más de la gran mayoría de los migrantes que están acá sin antecedentes, si no vamos polarizando a la sociedad".

En tanto, la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la U. Diego Portales, Francisca Vargas, dijo que hay elementos en esta materia que el gobierno "está haciendo mal". "Me atrevo a cuestionar el tema del debido proceso en las expulsiones administrativas, tiene que ver con cuánto análisis se hace del caso en concreto. En Chile, aunque posteriormente se le dé a la persona la facultad de apelar, antes de sanción, la persona no tiene ninguna posibilidad de defenderse".