La ausencia de autoridades de Chile en la ratificación del Pacto Global de Migración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se suscribirá entre este lunes y el martes en Marruecos, fue justificada hoy por el gobierno, planteando que una aprobación del acuerdo colisionaría con la política de migración del país.
El texto del pacto -acordado en julio pasado por los estados miembro de la ONU- contempla 23 objetivos para la cooperación entre los países, como también compromisos concretos sobre la trata de personas y las condiciones y derechos de los migrantes.
Pese a que inicialmente el gobierno tenía previsto asistir este lunes a la cita en Marruecos, a última hora -cuando la delegación chilena ya se encontraba en ese país- se anunció la decisión de restarse del pacto. La Moneda realizó un análisis crítico de los alcances del texto y concluyó, entre otros puntos, que "ciertos estándares" del documento "no son compatibles con nuestra política migratoria".
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explicó que si bien el texto del acuerdo "no crea por sí mismo obligaciones, muchas de sus disposiciones sí utilizan un lenguaje vinculante".
Según la autoridad, esto "deja la puerta abierta para que actores internacionales interfieran en el diseño de la política migratoria nacional". Agregó que el pacto "impulsa la adaptación de legislación nacional, celebración de acuerdos regionales e implementación de políticas públicas, toda vez que no corresponde someter dichos asuntos al escrutinio internacional".
Para este lunes se espera que el canciller Roberto Ampuero asista a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, tras ser convocado hoy para que explique la decisión del Ejecutivo.
Reacciones
La determinación del gobierno produjo diversas reacciones entre parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, mostró su preocupación por la posición de Chile en el exterior: "Restarse de este tipo de debates no se ve bien, porque hay olas migratorias muy grandes" que llegan también a nuestro país.
La senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) coincidió con el subsecretario en que "la migración no es un derecho humano". Argumentó que el actual gobierno, a diferencia de la administración anterior, logró ordenar el sistema de ingreso de extranjeros. "Estamos dándoles condiciones de dignidad a quienes se quedan a cooperar", dijo.
Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN), quien también está de acuerdo con la posición oficial, dijo que "Chile da garantías para resguardar los DD.HH. de los extranjeros que entran al país", pero que no se puede "dejar al libre albedrío que cualquier persona ingrese".
En tanto, la diputada Carmen Hertz (PC), presidenta de las comisiones de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, lamentó la decisión. "Chile siempre ha estado por fortalecer el multilateralismo sobre materias de interés global en derechos humanos", dijo la congresista. En cuanto al tratamiento a los migrantes en Chile, Hertz puntualizó que, por ejemplo, el retorno de haitianos a su país se produjo "porque aquí han sido muy maltratados, con un mercado laboral absolutamente precario".
Para la secretaria ejecutiva de la Comunidad Haitiana, Paz Suárez, la posición del Ejecutivo en la materia implica una "política xenófoba, que crea un ambiente de hostilidad" hacia los extranjeros. La dirigenta agregó que en su agrupación "hay más de 200 personas que llevan semanas pidiendo una hora para poder estampar su visa", lo que considera excesivo.
