Este miércoles, ad portas de la conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, el Presidente Gabriel Boric lanzó el Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa que tiene por mandato generar mecanismos institucionales para encontrar a las personas detenidas desaparecidas de la dictadura, y que estará a cargo del ministro Luis Cordero (Justicia). Esto, porque a la fecha se contabilizan 1.162 víctimas de desaparición forzada que falta por ubicar.
Según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos -contenidos en el Informe Rettig-, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, se constató un total de 1.469 personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura. De ese número, 1.092 corresponde a detenidos desaparecidos y 377 a personas ejecutadas cuya muerte se logró acreditar, pero su cuerpo nunca fue entregado a sus familiares. Hasta la fecha, sólo 307 personas han sido ubicadas y entregadas a sus familias.
Para la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda se concretaron -en un periodo de trabajo de ocho meses- 67 encuentros con familiares y organizaciones de víctimas de la dictadura cívico militar de todo el país, contabilizando un total de 775 participantes en dichos encuentros.
De acuerdo con lo confirmado por el propio ministro de Justicia, la iniciativa tiene por objetivo central “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”. Y de ahí que uno de los ejes sea reconstruir las trayectorias de las víctimas, “incluyendo su detención y secuestro hasta su destino final”.
Como se incluye en el ítem diagnóstico del plan, hasta ahora se sabe que, de la totalidad de las víctimas, el 95,7% son hombres y un 4,3% mujeres. Que el 52,76% de las desapariciones ocurrieron en la Región Metropolitana, el 10,14% en Biobío y el 7,76% en La Araucanía. Además, se hace presente que los datos de las comisiones muestran que las víctimas sometidas a desaparición forzosa tenían en promedio 29 años y que el 13,6% de ellas era menor de 21 años.
Se ha logrado acreditar, asimismo, que el 50,28% de las personas víctimas eran obreros o campesinos, el 21% eran profesionales universitarios, el 10,94% eran estudiantes de educación superior y el 5,08% eran funcionarios públicos. Se conoce, además, que el 37,92% de las víctimas no estaban afiliadas a algún partido político.
Por lo mismo, y considerando que más del 74% de los familiares no han dado con el paradero de quienes buscan, el ministro Cordero ha enfatizado: “Lo que hace esencialmente este plan es transformar como política pública permanente del Estado la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, que hasta ahora ha sido una acción que ha recaído principalmente en los hombros de los familiares”.
Además, los otros dos objetivos específicos del plan impulsado por la cartera de Justicia serán “garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada” y además “implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada”.
La iniciativa fue visada por el Comité Interministerial de Ministros de Derechos Humanos este lunes 28 de julio y fue presentado durante el mes de agosto al Presidente Boric. De esta forma, este miércoles en una ceremonia en la Plaza de la Constitución, el Mandatario firmó el decreto supremo que oficializó como política pública el Plan Nacional de Búsqueda.
La ceremonia
En el acto de la firma del decreto estuvieron presentes autoridades de otros poderes del Estado, como el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez; la presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez; el director general de la PDI, Sergio Muñoz; el presidente del CDE, Raúl Letelier. Además de senadores, diputados, delegados diplomáticos y representantes de universidades.
“Este plan debe ser un compromiso con la humanidad en su sentido más profundo, por ello nos preocuparemos de que el relato de las tragedias vividas que nunca más deberán repetirse se vaya transformando en un relato común a través de la experiencia educativa. Humanizar a las víctimas desde el Estado significa no solamente trazar la trayectoria del horrible crimen de que fueron víctimas, sino que también honrar sus vidas”, expresó Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, al inicio de la ceremonia.
De parte de las organizaciones de víctimas, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira Matus, valoró la iniciativa del gobierno y destacó que tras su oficialización “salimos con más dignidad, más empatía, de que aquí lo que pasó no tiene que ver con las víctimas y tenemos la convicción que le debemos a cada una de esas mujeres, madres y niñas la verdad y la justicia plena”.
Tras una ovación al ministro Cordero -quien estaba visiblemente emocionado-, el Presidente Boric tomó la palabra.
“En qué momento después de tantas filas, de tantas puertas, de tantos nudillos gastados, en qué momento se asume la muerte, cómo se cuenta lo que se imagina que paso, dónde, en qué lugar físico se vive el duelo. Y también, en estos días, donde hay quienes se atreven a negar todo esto, cómo se responde a quienes invitan a olvidar, cómo se responde a quienes niegan lo ocurrido, cómo se responde a quienes lo justifican, y que no son capaces de decir que no lo harían de nuevo”, preguntó el Presidente.
El Jefe de Estado, además, reconoció que se extendió la invitación a la ceremonia a los presidentes de todos los partidos políticos, pero que no todos se hicieron presentes. “Me permito lamentar esas ausencia que nos duelen tanto, pero también las ausencias a esta ceremonia, porque acá fueron invitados todos los presidentes de los partidos políticos y no vinieron todos”, señaló.
“Con esta política pública, que es permanente, nos hacemos cargo como Estado, no solo como gobierno, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de lo que nos han dicho que es posible para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte, y el destino final de los y las compatriotas víctimas de desaparición forzada, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”, resaltó Boric.
