El gobierno emitió una orden de expulsión contra el comunero argentino Facundo Jones Huala, tras la sentencia de la Corte de Suprema que la semana pasada dictó su libertad inmediata al acoger un recurso de amparo a favor del integrante del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
De acuerdo a lo informado por radio Bío Bío, el Ministerio del Interior tramitó el decreto de expulsión de Jones Huala el pasado 24 de abril y fue notificado por la Policía de Investigaciones (PDI) el viernes pasado mientras permanecía internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial por la huelga de hambre seca que comenzó durante su reclusión.
La orden fue ingresada por Interior debido a su situación migratoria irregular, pues ingresó al país con un permiso temporal.
Jones Huala tiene 10 días de plazo, desde que fue notificado, para abandonar el país. Y una vez que se concrete su salida, el comunero tendrá prohibición de ingresar al país por un plazo de 20 años en virtud de lo establecido en el artículo 136 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería
Tras conocerse la decisión del gobierno de Gabriel Boric, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se refirió al tema en su cuenta de X y le escribió directamente al comunero: “Jones Huala: espero que lo tengas bien claro. Si elegís volver al país para cometer delitos o alterar el orden público, el destino es claro: vas preso. No vamos a permitir que nadie atente contra la seguridad de los argentinos de bien”.
Y luego añadió: “Bajo el Gobierno del Presidente Javier Milei, la ley se cumple. Si las hacés, las pagás”.
La decisión de la Suprema
El viernes pasado, la Corte Suprema ordenó la libertad inmediata de Facundo Jones Huala, luego de que la Segunda Sala del máximo tribunal acogiera un recurso de amparo interpuesto en favor del comunero, señalando que debía tenerse por cumplido el saldo de pena que lo mantenía privado de libertad.
Jones Huala había sido condenado por delitos de incendio y porte ilegal de arma de fuego, ilícitos cometidos en la Región de Los Ríos Tras el atentado de 2013, el comunero fue detenido en Argentina en junio de 2017 y extraditado a Chile el año siguiente. En diciembre de 2018 fue condenado a nueve años de cárcel por su participación en un atentado al fundo Pisú Pisué.
De acuerdo a lo acreditado en el juicio, el 9 de enero de 2013 a las 23.00, ingresó al predio junto con otros dos hombres, encapuchados y vestidos con ropas oscuras de tipo militar y fuertemente armados. Intimidaron a una familia, seis adultos y cuatro menores, entre ellos, un lactante de seis meses, y prendieron fuego a su vivienda.
