Gobierno por extranjeros que agredieron a carabineros y que estarían inubicables: “Estas expulsiones solo se pueden ejecutar una vez concluido el proceso judicial”

Esta tarde, desde la Subsecretaría del Interior, liderada por Manuel Monsalve, se refirieron a la situación de dos sujetos de nacionalidad colombiana sobre los que pesa una orden de expulsión luego de agredir a carabineros en el Barrio Franklin el jueves 18 de julio y que permanecen inubicables, afirmando que su salida del país solo se puede concretar “una vez concluido el proceso judicial”.

Según información dada a conocer por medios de comunicación, luego de no acogerse la prisión preventiva de los dos colombianos, se les informó de su expulsión, pero hasta el momento no han sido encontrados en los domicilios que fijaron en el tribunal, en las comunas de Estación Central y Maipú.

A través de un comunicado, la Subsecretaría del Interior, aseguró que se usó la facultad legal que recae en el organismo y se ordenó la salida del país de ambos sujetos por razones de seguridad, los que no pueden volver a ingresar en un lapso de 10 años.

Asimismo, aseguran que las notificaciones de las resoluciones fueron realizadas de manera presencial por la Policía de Investigaciones los días 23 y 24 de julio. Sin embargo, precisan que “como establece la ley, estas expulsiones solo se pueden ejecutar una vez concluido el proceso judicial de los imputados”.

“Desde el gobierno tenemos la firme convicción que, en casos como este, las expulsiones deben ejecutarse de manera inmediata. Por lo anterior, como es de conocimiento público, desde la Subsecretaría del Interior se presentó con fecha 13 de mayo de 2024 un proyecto de ley que permite la expulsión inmediata con la autorización previa del juez”, afirma la cartera.

En el último punto explican que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es querellante en este caso y que al momento de la formalización -el pasado lunes- por atentado contra Carabineros y amenaza contra la autoridad, solicitaron la prisión preventiva, la que no fue otorgada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, decretándose arresto nocturno, arraigo nacional y 80 días para realizar la investigación.

“Por considerar a los imputados un peligro para la seguridad de la sociedad, el Ministerio apeló con el objeto de lograr la prisión preventiva”, afirma la comunicación, por lo que se revisará nuevamente las medidas cautelares que pesan sobre los imputados.