Fue en la Cuenta Pública del pasado 1 de junio que el Presidente Gabriel Boric anunció un proyecto de ley que limita los funerales narco. “Una de las manifestaciones más irritantes del narco es su forma de ostentar las armas e intimidar a los vecinos cuando se realizan funerales de los integrantes de sus bandas. Los balazos, los fuegos artificiales, los memoriales narco y las amenazan de quienes denuncian estos hechos no son tolerables”, dijo esa vez el Mandatario.

Y este miércoles, 118 días después del anuncio, el gobierno presentó dicha iniciativa legal, que busca poner una serie de limitaciones para quienes lleven a cabo este tipo de ritos. El texto fue presentado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y firmado por el Mandatario. “Lo dijimos entonces y en ese momento suscitó un aplauso transversal, que íbamos a enfrentar al narco con todas las herramientas de la ley”, dijo Boric durante la mañana.

“No es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, fuegos artificiales, desórdenes e incivilidades. Por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido, no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, obligue a suspender clases, a cerrar calles al tránsito de vehículos o personas. No queremos más colegios cerrados por el temor que genera este tipo de actos”, manifestó.

El Mandatario señaló que desde mayo de 2019 a la fecha se han realizado 1.733 funerales de alto riesgo. En los últimos cuatro años se han detenido 1.302 personas. “Pero la mayoría de esas personas pasan”, dijo Boric. “Por eso hemos querido ser más duros en esto, como una señal a los delincuentes, pero también a toda la sociedad. Esto no es aceptable”.

Asimismo, dijo que el proyecto recogía partes de cuatro propuestas parlamentarias: tres en la Cámara de Diputados y una en el Senado.

Desde el Ejecutivo afirman que la propuesta “busca limitar el plazo para llevar a cabo la sepultura en casos de funerales que presenten un riesgo para la seguridad, y al mismo tiempo establecer criterios y condiciones para realizarlos”.

Dentro de los detalles del proyecto de ley se establecen la limitación de las condiciones para llevar a cabo estos rituales. “Se propone que la ceremonia o acto fúnebre se realice exclusivamente en las instalaciones del cementerio o crematorio donde será la sepultura o cremación del fallecido y restringe la cantidad de personas que podrán asistir”.

Con esto, se señala en la iniciativa, se “permitirá acotar el espacio de acción de las organizaciones criminales que realizan el funeral y así resguardar la tranquilidad y la seguridad en el espacio público”.

A su vez se plantea reducir el tiempo para el proceso funerario a máximo veinticuatro horas. “Permitirá optimizar los recursos humanos y económicos que las policías asignan para resguardar y fiscalizar este tipo de funerales, y así puedan dedicarse a otras tareas prioritarias para el resguardo de la seguridad, maximizando la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles”.

Por último, será el delegado presidencial regional quien se encargará de resolver si dicho funeral se trata de alto riesgo o no. Esto, en base a un informe que realizará Carabineros considerando los antecedentes delictuales del fallecido, su relación con bandas criminales y la cantidad de familiares directos con registros delictivos. “Estas variables y la escala de riesgo quedarán establecidas en un reglamento elaborado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

Además, el Presidente Boric señaló que se establecerán penas más duras para quienes comentan delitos en medio de estos funerales. Por ejemplo, para sujetos que interrumpan la vía pública, que saquen un local comercial, que participen en riñas, porten armas o usen fuegos artificiales.

“Este proyecto espero que se tramite rápidamente en el Congreso. No me cabe ninguna duda de que va a ser así porque es muy transversal”, aseguró Boric.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien participó en la actividad en La Moneda donde se anunció el proyecto, mostró su apoyo a la iniciativa.

“Soy el único alcalde de oposición que ha estado presente en esta actividad, justamente porque no me pierdo que en este tema en particular y en la seguridad en general, tiene una mirada nacional. Nos requiere a todos”, dijo.

Asimismo, Carter pidió que el Presidente ponga urgencia a la iniciativa con el fin de acelerar la discusión “El gobierno tiene en su mano la posibilidad de ponerle urgencia. No da lo mismo si es una discusión simple o se pone discusión inmediata. Se requiere urgencia en esto, de modo tal que tengamos una ley pronto, y lo más relevante es la letra chica del reglamento”.

“Por muy opositor que uno pueda ser a un gobierno, nunca se justifica votar en contra de una legislación que va en favor de la seguridad de los chilenos”, remató.