Fue en el comité político de ayer entre el Presidente Sebastián Piñera y sus ministros que se zanjó que se realizaría una vocería para rechazar el duro informe de Amnistía Internacional sobre el estallido social que se dio a conocer durante la jornada.

En la cita, se determinó que la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, realizaría un punto de prensa en La Moneda y que también era necesario que Carabineros y las Fuerzas Armadas hicieran lo propio. Esto, ya que a juicio del gobierno el informe era poco objetivo y sesgado. Algunos en el Ejecutivo, incluso, argumentaban que el organismo era parte de la mesa social que llamaba a manifestarse en mayo pasado.

La reacción del Ejecutivo radicó principalmente en que en el escrito de Amnistía se señala que "la intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y la violencia sexual". Y se agrega: "Las autoridades bajo el mando del Presidente Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas".

A las 19.00 Recabarren llegó a Palacio con sus asesores. A ellos se sumó el asesor de asuntos internacionales de Presidencia, Benjamín Salas, quien -previo al punto de prensa- le entregó algunos lineamientos. "El gobierno (...) ha tenido siempre y tiene un irrestricto compromiso con los derechos humanos", partió diciendo Recabarren.

Y agregó: "El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que, sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes". Además, recalcó que "la única política que ha tenido el gobierno es la de resguardo y protección de los DD.HH.", junto con señalar que el documento "lamentablemente incluye aseveraciones irresponsables, sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado".

Más temprano, Piñera había encabezado un desayuno con 18 corresponsales de la prensa internacional. Ahí, por segunda vez desde que se inició el estallido social, el Mandatario admitió que han existido vulneraciones y abusos por parte de uniformados. "En algunos casos no se cumplieron los protocolos, se cometieron excesos, abusos", dijo. Y recalcó que lo que ha "tratado" de hacer es "compatibilizar el orden público con los derechos humanos".

El desayuno de Piñera con la prensa extranjera se vio cruzado con la publicación del informe de Amnistía, limitándose a decir que los uniformados tienen reglas para el uso de la fuerza y que "si no se cumplieron esos protocolos, y creo que es posible que en algunos casos no se cumplieron, eso va a ser investigado por la fiscalía y va a ser sancionado por los tribunales de justicia".

En el gobierno dicen que es "inaceptable" que se haya "querido instalar" que hay una orden para vulnerar los DD.HH. Además, sostienen que el organismo nunca se reunió con ellos. Esto, contrastando la versión de Amnistía, desde donde han dicho que han solicitado encuentros con el Ejecutivo.

FF.AA. y Carabineros

Casi una hora después de que hablara Recabarren, Carabineros y las FF.AA. también emitieron -de manera casi simultánea, como lo había planeado La Moneda- sus pronunciamientos. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea difundieron un comunicado conjunto, que fue visado por el Ministerio de Defensa, en el que sostienen que "no existió ni existe ninguna política de las FF.AA. para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil" y que "la extensa denuncia de Amnistía no contiene ninguna prueba directa o indirecta".

Además, se agregó que "los soldados, marinos y aviadores se sienten orgullosos de la confianza depositada por los chilenos a través de la historia, y están comprometidos con su seguridad y bienestar".

Carabineros, por su parte, se pronunció a través de la directora suplente de la Dirección de DD.HH., Karina Soza. Primero, alrededor de las 13.00, señalando que "jamás ha habido intención de dañar a las personas", y luego, en la tarde, leyendo un comunicado en el que se plantea que la labor de su institución "como toda actividad humana está sometida a la posibilidad de que alguien se equivoque".

Amnistía responde

Por la noche, la directora para las américas de Amnistía, Erika Guevara, refutó la declaración del gobierno. Acusó a Lorena Recabarren de buscar "deslegitimar" el informe del organismo, agregó que se reunieron con varios entes del Estado y que incluso se pidió una reunión con el Presidente Piñera, "quien ni siquiera nos respondió, dejando claro sus prioridades".

"Quedo pendiente de toda la información que me quiera hacer llegar, y pongo a su disposición a Amnistía para poder acercarla a las víctimas si usted quisiera conocer sus desgarradores testimonios", agregó.