El gobierno rechazó "categóricamente" el último informe elaborado por Amnistía Internacional sobre violaciones de derechos humanos en Chile por parte de agentes del Estado a manifestantes, en el marco de las movilizaciones de las últimas semanas. A modo de conclusión preliminar, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, señaló que el Ejército y Carabineros han llevado a cabo "ataques generalizados en contra de la población, usando la fuera de forma innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y castigar aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de libertad de expresión y de asamblea pacífica".
Al respecto, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, sostuvo que, el documento "sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes. La única política que ha tenido el gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos".
"El informe que hemos conocido hoy lamentablemente incluye aseveraciones que son irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas", sostuvo la subsecretaria, quien añadió que "en Chile todos los poderes del estado actúan con plena independencia".
En esa línea, agregó que "hemos avanzado en un proyecto de ley que significa una profunda modernización de Carabineros, con especial énfasis en la formación del respeto y resguardo de los derechos humanos. Desde que se produjo el estallido social este compromiso solo se ha fortalecido. El gobierno ha prestado permanentemente y desde un inicio toda su colaboración para que instituciones autónomas de derechos humanos, como el INDH, la Defensoría de la Niñez, la fiscalía, la Defensoría penal pública pueden realizar su labor de resguardo de los derechos humanos de todos".
"Adicionalmente, el Presidente de la República ha invitado a Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la organización Human Right Watch a visitar nuestro país y observar la situación de los derechos humanos, asumiendo una conducta de plena transparencia. Con todas estas organizaciones nos hemos reunido y cada una de ellas ha valorado la disposición del gobierno a la entrega de información y a su colaboración", agregó Recabarren.
