El pasado miércoles, en la Comisión de Seguridad del Senado, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, transparentó las cifras sobre la tenencia de armamento en el país. En la instancia, señaló que "tenemos el registro oficial de 753 mil armas, de las cuales 519 mil se sabe sobre su procedencia y domicilio; el resto, correspondiente a 234 mil, no se sabe sobre su paradero".
En ese sentido, el ministro indicó que se está trabajando en cambiar la ley que regula esta materia, lo que apunta a la comunicación entre los sistemas que tienen los registros, actualmente radicados en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), y los organismos encargados de la fiscalización. Hoy, esta tarea recae en los efectivos de Carabineros.
Las cifras reveladas por Chadwick son vistas con atención, pues un elemento común en los delitos violentos es la tenencia de armas por parte de delincuentes. Así ocurrió en los dos últimos robos con homicidio registrados en las comunas de La Reina y Lo Barnechea (el 21 de mayo y el 14 de mayo, respectivamente), y también en el asesinato del carabinero Oscar Galindo, el 6 de junio en La Pintana.
Así, desde la Fundación Ciudadano Seguro, su director ejecutivo, David Rozowski, manifestó que "esto es muy grave, porque estas 234 mil armas que fueron robadas o dadas de baja, o bien de propietarios que no las tienen, pueden estar en manos de delincuentes y servir para ilícitos. Creo que se debería investigar, para saber cuántas de estas son de particulares, cuántas de las Fuerzas Armadas o de las policías".
En esta línea, el prefecto de Control de Armas y Explosivos de Carabineros (0S-11), coronel Andrés Troncoso, señaló que "en Chile, cinco personas de cada 100 han efectuado gestiones para inscribir un arma. Se les ha otorgado el permiso luego de cumplir los protocolos". Agregó que para reducir este número de armas en que se desconoce el paradero, "debe realizarse una fiscalización, que Carabineros prioriza de acuerdo con la oferta de personal que existe. Ahora, hay que considerar que hay variables que obligan a esta priorización, como el perfil de las armas, los lugares donde están y los ilícitos en dichas zonas".
El oficial añadió que "el tema es fiscalizar, establecer dónde están. Hay personas, por ejemplo, que dicen 'me la robaron'. Se debe saber dónde están regularmente, en este sentido es muy importante establecer que se ataque este problema y permitir a los órganos hacer una fiscalización más frecuente y expedita".
En esta línea, en el Ejecutivo trabajan en cambios a la Ley de Armas para establecer, por ejemplo, que la PDI también se encargue de fiscalizar. Otro punto es que se deba renovar periódicamente el permiso para tener los pertrechos.
Reducción de penas
La mesa de la Cámara Alta también votó -la semana pasada- a favor de la idea de rebajar las penas por el uso, tenencia y porte de arma de fuego, que actualmente es calificada como un delito con presidio efectivo (al menos un año). La modificación apunta a establecer esta sanción como una falta. "La moción que presentamos es darle una salida al juez para casos excepcionales, como cuando se sorprende con un arma a los que practican el deporte de la caza y la ley es muy dura, y pensamos que puede haber posibilidad de que paguen una multa. Todavía no tenemos un proyecto ingresado del Ejecutivo y esperamos que sea pronto, porque tenemos un problema grave. Hay cifras que faltan, como el número de personas muertas por arma de fuego", explicó el senador Felipe Harboe (PPD)
En ese sentido, Rozowski realizó reparos al artículo aprobado. "Eso es un retroceso, estaba bien que fuese un delito, porque una cosa es la compra para algo específico y otra es el transporte de armas, porque hay armas inscritas a nombre de delincuentes", indicó.
El Ejecutivo adelantó que se exigirán requisitos para el registro de armas, como exámenes físicos y trabajar la cadena de trazabilidad para identificar a los dueños de armas. No se descarta que se requiera una georreferenciación de cada una.
