Obtener un perfil de quiénes son los comerciantes ambulantes, conocer por qué se dedican a esa labor, saber su disposición a formalizarse y proponer una política pública que integre actores públicos y privados para abordar el fenómeno.
Esos son los tres objetivos que tiene un estudio financiado por el Gobierno regional metropolitano y la Cámara Nacional de Comercio y que fue encargado al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica para abordar el comercio ambulante.
$107.618.869 costará el informe, que tiene un plazo de entrega de nueve meses. Vale decir, sus resultados se podrían conocer en junio de 2023.
Parte de la metodología del trabajo será a través de entrevistas y encuestas a los vendedores ambulantes, compradores y actores relevantes, como municipios, entes fiscalizadores, entre otros. Todo esto en 20 puntos de la Región Metropolitana.
En la presentación del estudio participaron el gobernador metropolitano, Claudio Orrego; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes; el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval; la delegada presidencial RM, Constanza Martínez; la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de Santiago, Irací Hassler, y el jefe comunal de Lo Prado, Maximiliano Ríos.
“Es evidente para la ciudadanía que el comercio ilícito y ambulante no solamente atenta contra el comercio establecido, sino que también dificulta el uso del espacio público, el tránsito y afecta también la salud pública y la seguridad de las personas”, afirmó Orrego.
“Por una ciudad cada día más ordenada, más limpia y más segura, creemos que este estudio es una contribución que va en la dirección correcta”, agregó.
Construir una política pública
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, quien destacó la creación del estudio, señaló que “para nosotros este tema ha sido relevante particularmente en el último tiempo. Nuestra Encuesta de Victimización del Comercio da cuenta de que 1 de cada 2 locales comerciales ha sido victimizado. Y eso nos duele porque ahí hay personas, hay trabajadores y muchos de ellos se encuentra rodeado de comercio ambulante, y en muchos casos también de comercio ilegal”.
El director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, detalló que se abordarán “cerca de 20 puntos distintos de la Región Metropolitana para medir qué está pasando con el comercio ilegal y caracterizar quiénes son los que hacen el comercio ilegal”. Además, dijo que la finalidad del estudio es “construir una política pública para ir abordando este tema de manera integral en el mediano plazo”.
El último estudio de estas características se hizo en 2015, encargado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La delegada presidencial Constanza Martínez recordó las intervenciones que el gobierno ha encargado a Carabineros en sectores como barrio Meiggs, en estaciones de Metro y en la Plaza de Maipú para erradicar el comercio ilegal. “Son buenas noticias, pero sabemos que no son suficientes”, dijo. “Creemos que es importante que, junto con el mundo privado y también la academia, seamos capaces de ir generando mayor información para poder seguir apuntando y afinando la puntería, y sin duda redoblamos nuestro compromiso para seguir construyendo una política pública que también muestre resultados concretos”.
“La colaboración clave para luchar contra la delincuencia y para luchar también contra el comercio ilegal. En la medida en que hay mafias en gran parte del comercio ilegal compartir información es fundamental”, afirmó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, mientras que la jefa comuna de Santiago, Irací Hassler, señaló que “este trabajo articulado y el avance hacia un plan regional es fundamental”.
Finalmente, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, manifestó que “aquí hay que distinguir a las bandas organizadas y las personas que se quieran ganar la vida en forma honrada. Tenemos que luchar contra las bandas organizadas (...), pero necesitamos un plan integral. Necesitamos recuperar los espacios, pero también en forma equitativa. No todos los municipios tenemos las mismas posibilidades de recuperar esos espacios. Tiene que haber presupuesto para aquello. Y al mismo tiempo, apoyar a nuestros emprendedores. Sin embargo, creo que esto se puede hacer en paralelo, el estudio es importante, hay que conocer este nuevo fenómeno, que no es el mismo de hace años atrás”.
Plan del gobierno contra el comercio ambulante y protestas
El comercio ambulante ha estado en la agenda del gobierno. En mayo Carabineros comenzó a realizar un intervención en barrio Meiggs, ubicado entre las comunas de Estación Central y Santiago, con el fin de controlar el comercio ilegal y los posibles focos de delincuencia. El 9 de agosto la institución informó que, desde el 19 de mayo al 7 de agosto, 255 personas habían sido detenidas en el sector en diversos operativos de control.
En el marco del plan de “recuperación de espacios públicos” de la administración del Presidente Gabriel Boric, se han intervenido otras comunas de la capital donde abunda el comercio ambulante, como Maipú, y en también en ciudades fuera de la Región Metropolitana, como Concepción.
Un día antes, el 8 de agosto, el gobierno anunció un plan de intervención en la Plaza de Maipú, con mayor presencia de Carabineros en las calles que circundan el lugar. Ese día, el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, afirmó que “en el sector de la Plaza de Maipú no habrá permisos.
Tanto en barrio Meiggs como en Plaza de Maipú los vendedores ambulantes han realizado protestas contra la medida de gobierno y solicitan espacios para vender sus productos.