La tarde de ese lunes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, respaldó las acciones que está tomado Gendarmería para hacer frente a la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, desde donde se ordenó a la institución conceder permisos para que ingresen al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) de la capital, familiares de reclusos extranjeros, que se encuentran en situación migratoria irregular.

Lo anterior, se estableció luego que el 4 de octubre pasado todos los internos del primer piso de la cárcel de máxima seguridad iniciaran una serie de disturbios por la imposibilidad de recibir visitas, entre ellos se encuentran los imputados por el homicidio del suboficial Daniel Palma e integrantes del Tren de Aragua. La situación motivó al alcaide del recinto a disponer una serie de sanciones disciplinarias.

Tras la resolución del Tribunal, la Dirección Regional Metropolitana presentó un recurso de apelación. El abogado de Gendarmería en este caso, Marcelo Carrasco, apeló a que “toda cédula de identidad de persona extranjera mantiene su vigencia, siempre y cuando acredite que cuenta con una solicitud de visa o residencia en trámite o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud”.

Sin embargo, el 13 de octubre dicha medida fue declarada inadmisible, siendo rechazada por el tribunal. Ante esa situación, Gendarmería confirmó a este medio que presentó un recurso de hecho a la Corte de Apelaciones, para que dicho recurso sea acogido a tramitación “y luego poder alegarlo”.

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Bajo ese contexto, el ministro Cordero afirmó que “el Ejecutivo tiene una opinión crítica. Hasta ahora Gendarmería ha actuado de conformidad a los criterios que ha establecido previamente y que habían sido ratificados por la propia jurisprudencia de la corte”.

“Esto es especialmente complejo en la situación que se está viviendo respecto de personas privadas de libertad que se encuentran en la cárcel de máxima seguridad y a la cual Gendarmería ha impedido sus visitas que no tengan regularizada la situación en el país”, explicó el secretario de Estado.

Asimismo, aseguró que “Gendarmería ha señalado y el gobierno comparte la doctrina de Gendarmería, que no pueden realizar visita de cárcel a aquellas personas que no tengan regularizada su situación en el país, especialmente en recitos de máxima seguridad”.

“Ese ha sido el criterio sobre el cual ha actuado Gendarmería, ese ha sido el criterio que hasta ahora habían respaldado los tribunales y por eso Gendarmería va a insistir en tribunales sobre mantener esa doctrina”, afirmó el titular de Justicia.