Luego de que el gobierno venezolano calificara como “una ridícula maniobra” que las autoridades entregaran a la Corte Penal Internacional los antecedentes sobre la investigación del crimen del refugiado venezolano Ronald Ojeda, el Ejecutivo respondió las acusaciones y defendió la postura de Chile al respecto.

Tanto el canciller Alberto van Klaveren como el fiscal nacional, Ángel Valencia, viajaron a La Haya, Países Bajos, para entregar información que puede resultar relevante para la causa que lleva el tribunal respecto de los delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado venezolano, denominada “Venezuela I”. Esto, en vista de que la investigación llevada a cabo por el fiscal Héctor Barros respecto del secuestro con homicidio del exteniente Ojeda, ha dado cuenta que el crimen habría sido orquestado por autoridades venezolanas.

El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, por su parte, expresó que el motivo de la visita de Chile a la CPI está basado “en mentiras y falsedades que solo existen en la imaginación de quienes han decidido hacer de la política exterior un espectáculo de mala calidad, siguiendo la línea política contra Venezuela del difunto Sebastián Piñera, al mejor estilo pinochetista de creación de operaciones de falsa bandera”.

En respuesta a estos dichos, el subsecretario del Interior, Luis Cordero (Ind.), aseveró: “Yo creo que el gobierno de Venezuela se ha caracterizado por descalificar a quienes han afirmado que en Venezuela existe violación de derechos humanos”.

Junto con manifestar que no le sorprendió la respuesta de las autoridades venezolanas, Cordero respondió que “el gobierno de Chile sobre este punto tiene una sola posición. Chile tiene una posición como Estado en materia de derechos humanos, es uno de los promotores de las investigaciones ante la Corte Penal Internacional”.

“La investigación tiene una línea señalada. El fiscal (Héctor) Barros la ha indicado públicamente, el gobierno ha dicho que apoya la tesis del Ministerio Público. Lo que es responsable para el Estado de Chile, un Estado comprometido con las investigaciones de delitos de lesa humanidad, es entregar esa información y eso es lo que ha hecho esta semana el canciller”, zanjó.