Poco menos de dos días alcanzó a estar en Contraloría el decreto que autorizaba el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA) en la Macrozona Norte para controlar las zonas críticas de la frontera, como parte del catálogo de lugares denominados como infraestructura crítica.

La medida tiene como objetivo controlar y revisar a quienes ingresen al país de manera ilegal. “Las Fuerzas podrán controlar la identidad de cualquier persona que se hallare al interior de las áreas de zonas fronterizas y proceder al registro de sus vestimentas, equipaje o vehículo, en los términos señalados en los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal”, decía el primer decreto que creaba la facultad, el cual fue tomado de razón por Contraloría.

El Ministerio del Interior, ahora, debía ingresar el documento para delimitar las zonas que serían infraestructura crítica y cómo debían operar las Fuerzas Armadas desplegadas. Sin embargo, el Ejecutivo decidió retirar este decreto, antes de que comenzara su tramitación para la toma de razón y así corregir algunos errores de forma que éste contenía.

Por otro lado, en la oposición, los senadores Kenneth Pugh (Independiente) y Manuel José Ossandón (RN), habían expresado al Ejecutivo -durante la jornada del miércoles- los reparos que tenían con el documento, especialmente con la poca claridad que, según afirmaron, había respecto de cuándo los efectivos podían disparar y qué es considerado como legítima defensa.

Ese mismo día, la ministra del Interior, Carolina Tohá, salió a clarificar que “los militares no van a ir a la frontera a tomar a disparos (a disparar) a todo lo que se mueva. Van a ir a hacer controles de identidad, a registrar y a detener a las personas que han hecho uso irregular de los movimientos en la frontera o sean sorprendidas cometiendo un delito”.

“Herramientas que se entregan para que actúen son las propias de nuestro actual ordenamiento jurídico”, agregó, recordando que en la aprobación de la reforma para permitir el resguardo de infraestructura crítica “se estableció que va a hacerse un trabajo para revisar la normativa chilena respecto de las reglas de uso de la fuerza, tanto de las FF.AA. como de Carabineros”.

En el Ejecutivo pretenden realizar los cambios al decreto durante esta jornada para volver a ingresarlo lo antes posible.

Luego de que La Tercera diera a conocer el retiro del decreto, Tohá -en el marco del Cogrid nacional- explicó los comentarios que hizo Contraloría al documento y el porqué tomaron esa decisión.

“Esto debiera estar resuelto muy pronto y ahí en pocas horas, digamos dos o tres días, están desplegadas las fuerzas. La próxima semana, me atrevo a decir, vamos a tener Fuerzas Armadas desplegadas en la zona limítrofe del norte de Chile”, comenzó afirmando la secretaria de Estado.

Luego detalló los comentarios que realizó el órgano liderado por Jorge Bermúdez: “Que cuando el texto haga referencia a “las fuerzas” no diga solo “fuerzas” sino que “fuerzas armadas de orden y seguridad”. O bien el comentario de que cuando se dice que las Fuerzas Armadas, cuando detienen una persona tienen que ponerla a disposición de las policías dentro de un plazo máximo 12 horas, se diga de manera explícita desde qué momento se empiezan a contar las 12 horas. Esos son los comentarios que Contraloría hizo”.

Asimismo, explicó que pedirán ayuda a organismos internacionales para ayudar en la capacitación de personal de las FF.AA. para el buen trato a la población migrante.

“En el tiempo intermedio, mientras se hacía esta tramitación de este DFL y de este decreto supremo y también la toma de razón en Contraloría, también se ha realizado un trabajo entre Carabineros y FF.AA., fundamentalmente el Ejército, que se va a desplegar en esta zona, para integrar capacitación a los efectivos que van a estar en el lugar en este tipo de procedimientos, que son las detenciones, control de identidad, registro, que no son tareas que habitualmente hagan los funcionarios de las FF.AA. Por lo tanto, se han reforzado sus competencias para hacer este trabajo a través de capacitaciones que se han estado haciendo y que se van a seguir haciendo”, detalló. Agregando que se van a “ampliar a efectos de hacer algo más especializado, no solo respecto a detenciones o registro, sino al trabajo con población migrante, que lo harán organismos especializados”.

“Estamos pidiendo ayuda a organismos internacionales en la materia, de manera que los funcionarios que estén desplegados ahí se sientan respaldados plenamente desde el punto de vista de los conocimientos, los procedimientos que se requieren manejar para hacer ese trabajo”, explicó la jefa de gabinete.