Gobierno retrasa dos años norma que obliga a isapres a bajar precio a planes de afiliados

El 21 de marzo pasado la Superintendencia de Salud emitió una resolución en la cual postergó, hasta marzo de 2021, la entrada en vigencia de la circular 317, emitida el 18 de octubre del año pasado, que instruía a las isapres a bajar sus planes de salud de manera automática cuando los afiliados cumplan determinados tramos de edad.

La medida podría beneficiar, entre otros, a los padres de bebés recién nacidos y a mujeres en edad fértil, debido a que las isapres calculan un factor de riesgo según el sexo y la edad de los beneficiarios. En el caso de las mujeres, el costo de los planes de salud baja a los 40 años y en los recién nacidos cae luego de cumplir los 24 meses de vida.

Hasta ahora, esa rebaja en el plan de salud ocurre solo cuando los usuarios, que manejan esta información, deciden reclamar a su isapre o al ente regulador.

Posterior a la emisión de la circular, las aseguradoras apelaron a la Superintendencia y sus recursos fueron rechazados en la resolución del pasado 21 de marzo, por estar la regulación "ajustada a derecho y a los principios de seguridad social que deben determinar las actuaciones de este organismo".

Sin embargo, en el mismo documento se señaló que "considerando el impacto económico que resultará lo instruido, en cuanto las isapres efectivamente deberán rebajar el precio que pagan los cotizantes cuando disminuya alguno de los factores etarios de los beneficiarios del plan, no pudiendo aplicar las alzas contempladas en las mismas tablas de factores, se ha estimado prudente prorrogar la entrada en vigencia de la circular impugnada".

Todo eso, según se agregó, "con el objeto de que las instituciones reguladas puedan preparar y anticipar los efectos de esta instrucción, ajustando sus políticas comerciales o proyecciones de negocio".

La resolución generó sorpresa y molestia en algunos sectores, que consideraron la medida como contradictoria con el discurso del gobierno, que criticó la reciente alza de los planes de las isapres, pero que a su vez otorga un plazo para no generar un perjuicio a su patrimonio.

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, afirmó que "esto va a generar malestar en los beneficiarios, independiente de la justificación. Puede leerse como que las isapres lograron un beneficio".

El exsuperintendente de Salud añadió que esto "puede generar incluso que el sistema se judicialice aún más (...) No me cabe duda de que los tribunales van a dictaminar a favor de los afiliados", dijo.

El diputado de la comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), manifestó que "me parece muy grave la resolución, porque esto es incompatible y contradictorio con lo que dice el Presidente de la República, dado que él anunció mano dura; el ministro de Salud dijo que había una caja negra, se ha dicho que por fin se van a resolver las injusticias con las isapres y nos encontramos con el superintendente de Salud actuando casi en representación de las mismas al condonarle dos años más para que apliquen la rebaja en los precios".

El parlamentario afirmó que el superintendente de Salud será citado el próximo martes a la comisión de Salud de la Cámara, para dar explicaciones por el alza de los precios de las isapres y también por esta circular.

Su par UDI Javier Macaya indicó que "este plazo de dos años se debiera revisar. No me parece que una cuestión que debiera ser de orden automático, quede supeditado a que un cotizante haga el trámite. Uno tiene que impulsar, en la línea de lo que está haciendo el gobierno y el ministro Santelices, que las isapres empiecen a hacer las cosas de una manera distinta". Para él, este tema "tiene que ser revisado".