El operativo policial que terminó con dos adolescentes baleados por parte de un funcionario de Carabineros no solo provocó que el gobierno removiera al general (R) Mario Rozas. El hecho que tiene al uniformado formalizado por el delito de apremios ilegítimos en prisión preventiva aceleró además el trabajo de la Comisión de reforma a Carabineros y también incentivó a que el Ministerio de Desarrollo Social convocara a una mesa de trabajo para analizar los protocolos de Carabineros en lo relativo a los niños, niñas y adolescentes.

En el marco de ese proceso la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se reunirá hoy con diversas instituciones -Ministerio de Justicia, subsecretarios de Interior y Niñez, Sename, el nuevo Servicio de Protección, Carabineros, la Defensoría de la Niñez y Unicef- para abordar con urgencia los protocolos que se están utilizando para procedimientos policiales que involucren a menores de edad, estén o no en organismos del Sename.

El diagnóstico

A juicio de Rubilar “es profundamente doloroso y extremadamente grave que se hayan usado armas de fuego para contener a adolescentes que se encuentran bajo la protección del Estado”. La ministra agregó que “si bien la concurrencia de Carabineros a residencias del Sename para abordar este tipo de situaciones es recurrente, y en general se los logra contener sin el uso de la fuerza, creo que aún cuando este se trata de un hecho aislado no puede volver a ocurrir bajo ninguna circunstancia”.

Para garantizar eso, Rubilar plantea que se debe formar a Carabineros de manera permanente “en el respeto a los derechos humanos, especialmente de aquellos más vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes”.

En esa línea, la ministra apunta a que los protocolos de la policía uniformada respeten “el interés superior del niño”. Como primera idea sobre la mesa, Rubilar cree que hay que proceder a la modificación de los protocolos y que deben incluir una restricción “al máximo el uso de armas de fuego en todas aquellas situaciones donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes”.

Nuevo estándar

La titular de Desarrollo Social dice que coincide con el ministro Delgado respecto de que “Carabineros no es la institución más adecuada para contener descompensaciones de salud mental en niños, niñas y adolescentes en residencias”. Por eso además de regularizar este tipo de situaciones, el trabajo también incluirá “el actuar ante hechos de violencia intrafamiliar, o los que se enmarcan en el contexto de redadas de drogas o arrestos por delitos o infracciones a la ley”.

Sobre las descompensaciones en residencias, Rubilar es clara en señalar que “debiésemos tener otro tipo de respuesta, territorial y especializada, que nos permita abordar estas situaciones de manera oportuna y adecuada”.

En esa línea cuenta que en el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que está a punto de empezar a implementarse, “se prohibirá el ingreso de personas armadas a residencias o recintos donde se ejecuten programas”. Junto con eso, compromete que se estudiarán con el Ministerio de Salud otras medidas específicas para abordar las situaciones de descompensación de salud mental y de respuestas más oportunas, “que no hagan necesaria la concurrencia de Carabineros”.

La idea, dice, es que el nuevo Servicio de Protección cuente “con personal especializado e idóneo, que tenga capacidad suficiente para contener este tipo de situaciones de manera adecuada, sin recaer en el uso de la fuerza, violencia o uso de armas u objetos contundentes”.