"El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza la referencia a supuestas expulsiones colectivas de migrantes, ya que, como es de conocimiento de la representante regional, los procesos de expulsión, conforme a la ley chilena, son de carácter individual". Ese es uno de los párrafos de la nota de molestia que la Cancillería envió la semana pasada a Birgit Gerstenberg, representante en América del Sur de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, liderado por Michelle Bachelet.
La primera semana de mayo, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de DD.HH. en Kingston, Jamaica, Gerstenberg expuso su preocupación por lo que consideró "situaciones de discriminación y racismo a las que se enfrentan las personas extranjeras residentes en Chile y solicitantes de asilo", además de advertir que el "Estado ha recurrido a expulsiones colectivas de personas migrantes por encontrarse en situación irregular".
Tras el envío de la carta -en la que el gobierno también rechaza las acusaciones de "discriminación y racismo"- la representación de Naciones Unidas tomó contacto con el gobierno para agendar una ronda de reuniones con autoridades del Ministerio del Interior, la Cancillería y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Los dos primeros encuentros se concretaron este miércoles. Gerstenberg -acompañada de la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas, Silvia Rucks- arribó a La Moneda a las 9 horas para reunirse con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. En la cita -según presentes-, Ubilla le planteó el disgusto del gobierno con los cuestionamientos expuestos en Jamaica, sobre todo porque, a su juicio, no existían "antecedentes" que los sustentaran.
Tras escuchar los reparos de la autoridad, la representante de la ONU reconoció un error en su alocución, según comentó Ubilla a La Tercera.
"Hubo un reconocimiento de que los protocolos no se cumplieron. Ese reconocimiento yo lo asumo como una disculpa", dijo Ubilla.
Según explicó el subsecretario, de acuerdo a ese protocolo, antes de exponer su informe en Jamaica, la representante de la ONU debió haber consultado fuentes formales del Estado chileno.
Además, debió haber entregado, de forma previa, una copia de su presentación al gobierno, para que las autoridades tuviesen la oportunidad de contraargumentar.
Ubilla también informó que con la representante de la ONU acordaron un mecanismo de trabajo en conjunto, similar a lo que hace actualmente el Ministerio del Interior con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
"Ese fue el compromiso que adquirimos a partir del reconocimiento de que había una falla grave en los protocolos", señaló el subsecretario.
Cita en la Cancillería
Tras la reunión con Ubilla, Gerstenberg y Rucks se trasladaron al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde pasadas las 11 horas tuvieron una audiencia con la subsecretaria Carolina Valdivia.
Quienes conocieron el tenor de la cita, las representantes de la ONU reconocieron que no estaban suficientemente informadas cuando emitieron sus apreciaciones sobre la migración en Chile, agregando que "sacarían lecciones" del episodio.
Consultada al respecto, Valdivia se limitó a decir que la "reunión fue cordial, les manifestamos la necesidad de verificar la información, sobre todo, ante el uso de conceptos que llaman la atención. Y quedaron en afinar los protocolos".