Gobierno suprime plazos de atención en GES y fija tope de precio para test Covid-19

La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba todo el sistema de salud. No solo ha sido necesario habilitar nuevos recintos y camas para contener el aumento de la demanda asistencial, sino también reordenar las prioridades de hospitales y clínicas.

En este contexto, tras confirmar 922 casos de coronavirus -176 diagnosticados en las últimas 24 horas-, el Minsal anunció que desde el lunes quedará suspendida, vía decreto, la obligación que tienen los recintos de salud de resolver oportunamente las 85 enfermedades del Plan Auge/GES. Esto, para que los equipos médicos se centren en cubrir la emergencia del Covid-19.

“El decreto libera del cumplimiento de la garantía de oportunidad Auge para esas 85 enfermedades”, explicó el ministro Jaime Mañalich, quien detalló que se buscará incluir en esta excepción enfermedades o prestaciones específicas “que puedan esperar, mientras no signifique un riesgo para las personas”.

El Plan Auge, desde su creación en 2005, permite que los usuarios de Fonasa e isapres tengan acceso a la detección, tratamiento y seguimiento de 85 enfermedades de diverso tipo. Y garantiza el acceso, la calidad de la prestación, la cobertura de buena parte de los costos y la atención oportuna, es decir, dentro de plazos estipulados por ley para cada patología. Y es esto último lo que quedará ahora pausado.

El superintendente de Salud, Patricio Fernández, explica que, junto a los integrantes del Consejo Consultivo del GES están elaborando el listado de patologías que entrarán en la medida. “La suspensión se hará en principio por un mes y es prorrogable en la medida en que se mantengan las condiciones de pandemia”, dice, y detalla que esto no implica que se dejarán de realizar las prestaciones, sino que el prestador ya no tendrá un tiempo límite para entregarlas.

Según la autoridad, esta decisión se toma, también, para evitar que las personas con patologías múltiples vayan al hospital y se contagien de coronavirus. En todo caso, la entrega de medicamentos y prestaciones a tratamientos críticos quedará asegurada, y el decreto tendrá una cláusula “para que esto no traiga consecuencias a la salud de las personas y que los prestadores no tomen esto como un relajo del cumplimiento GES”.

Esta no es la primera vez que se suspenden las prestaciones oportunas del Plan Auge. En 2009, durante la pandemia de la influenza A(H1N1) se adoptó la misma medida, por casi cuatro meses. El ministro de Salud de esa época, Álvaro Erazo, cuenta que esto se aplicó “solo con las patologías no críticas. No con las de cáncer, por ejemplo, especialmente el cáncer infantil. Por eso, debe hacerse una distinción entre las que se pueden postergar y las que no”.

Erazo reconoce que es una decisión complicada: “A nadie le gusta, pero debe hacerse. Las cirugías de caderas se pueden posponer, también algunas prestaciones oftalmológicas. Y superada la emergencia esto se debe normalizar y resolver lo atrasado, porque es un hecho que se va a abultar la lista de espera”.

Si bien el coronavirus es la enfermedad que hoy más preocupa, las del Auge también son mortales. Por ejemplo, en 2018 fallecieron 26 mil personas en lista de espera, de las cuales mil eran beneficiarias del Auge. Y solo el año pasado, Fonasa registró 2,6 millones de casos ingresados por Auge, mientras que las isapres sumaron 152 mil.

¿Es una medida riesgosa? Para el presidente de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea, es compleja, pero afirma que al sistema de salud no le queda otra alternativa, pues en dos semanas más podría verse colapsado por el coronavirus. “Esto se justifica por las proyecciones internacionales del Covid-19, porque si se proyectan 40 mil casos para abril, se necesitarían cuatro mil camas UCI y en el país podríamos llegar a las dos mil, sumando los pabellones. No es una medida ideal, pero esta situación es de emergencia, y si el sistema está colapsado, las personas mueren”, dice.

El diputado Juan Luis Castro (PS) advirtió que debe ejecutarse con cautela: “Es inevitable que la red de salud se disponga a la atención de la pandemia. Pero debe primar el criterio médico de gravedad, ya que no se entendería que a un paciente, por ejemplo, con cáncer, se le abandone porque ya no corren las garantías”. Y añadió que “si bien es razonable la medida, debe vigilarse muy bien su aplicación para no incurrir en agravamientos o muertes prematuras a consecuencia de ella”.

Entre las medidas de salud para contener la enfermedad está la toma de control en la gestión hospitalaria de las clínicas privadas. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que se vayan necesitando camas, el ministerio podrá gestionar las plazas del sector privado, algo que se hizo en 2009 .

La gerenta general de la Asociación de Clínicas, Ana María Albornoz, dice estar de acuerdo con la medida y afirma que su gremio está a disposición de estas soluciones, siempre que “mantengan los estándares y el manejo que permitan asegurar la sostenibilidad del sistema”. También planteó que la labor del ministerio debiera ser ordenar y centralizar las camas, pero que la administración debe continuar en manos de las clínicas, porque tienen “una serie de personas que dirigen y que hacen atenciones de salud. Hay un flujo que termina en una atención de salud bien hecha”.

Una revisión que realizó La Tercera, la semana pasada, reveló que el precio del test del Covid-19 llegaba $ 60 mil en algunas clínicas del país, es decir, cuatro veces más que el copago máximo de $ 14.000 que había fijado el gobierno para los usuarios de Fonasa.

Este martes, en tanto, Salud anunció que las clínicas y centros médicos no podán cobrar más de $ 25 mil por el examen, reduciendo considerablemente el gasto de bolsillo para los usuarios de isapres.b