Aprovecho esta instancia de enviar un afectuoso saludo a María José y Abigail, las dos carabineras que resultaron quemadas a consecuencia del lanzamiento de un artefacto incendiario. Ya va a ser cerca de un año, aún ellas no prestan declaración en el Ministerio Público, pero con lo que aconteció en este caso se abre una ventana de esperanza, porque hemos visto que la fiscalía, con mucha prontitud y con los auxiliares de justicia, creemos que ojalá en el corto plazo podamos saber quiénes agredieron e intentaron quemar a estas dos mujeres, a estas dos carabineras, para darles tranquilidad a ellas y a sus compañeros, que día a día están en el control del orden público.
De esta manera, el general director de Carabineros, Mario Rozas, deslizó una irónica crítica al trabajo del Ministerio Público, cuando el lunes expuso ante la Cámara para explicar el operativo que terminó con la caída de un menor de 16 años al río Mapocho. Por este hecho, un uniformado se encuentra formalizado por el delito de homicidio frustrado. Fuentes de la institución tradujeron el mensaje de Rozas en el Parlamento así: “Se avanza rápido en las causas contra Carabineros, pero no en las de agresiones a policías”.
Por lo mismo, el Ministerio del Interior elaboró un catastro con el seguimiento de las 25 causas con carabineros lesionados en que el gobierno es querellante, que en total registran dos condenados. Esto derivó en que el Ejecutivo y la fiscalía se enfrentaran respecto a la celeridad que se les da a estas indagatorias.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, indicó a La Tercera que “es especialmente importante este tipo de querellas, porque la operación policial implica un riesgo. Acá hay acciones que implican el intento de homicidio a carabineros, situaciones que pueden provocar la muerte de un policía, por lo que se espera que estos casos avancen rápido y con condenas ejemplificadoras. En ese sentido, claro, es poco el avance que tenemos en este tipo de investigaciones. Las instituciones del Estado tenemos que dar las señales correctas, Interior al querellarse, y el Ministerio Público en investigaciones oportunas que se traduzcan en sentencias condenatorias en tribunales”.
Por su parte, el jefe de la Dirección de Justicia de Carabineros, coronel (J) Jaime Elgueta, señaló que “aunque estos hechos están siendo investigados por el Ministerio Público en todo el territorio nacional, sería deseable que nuestros carabineros que arriesgan su vida e integridad física día a día en el cumplimiento de su función policial tuvieren la certeza que en cuanto víctimas, sus casos van a tener la misma celeridad y dedicación que el propio órgano persecutor evidencia en su actuar cuando los investigados son los carabineros”.
Sin embargo, el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, refuta la tesis policial y del gobierno. El persecutor comenzó señalando a La Tercera que “me interesa aclarar que la investigación de las carabineras agredidas (con bombas molotov que mencionó Rozas) fue encargada al OS-9 de Carabineros y Labocar, desde el primer día, pues con ellos tenemos una gran relación, que nos ha dado grandes resultados. Tenemos la mejor opinión de su trabajo, pero hay diligencias en curso, peritajes, declaraciones, para avanzar en eso. Nos encantaría decretar una orden de detención cuando tengamos a los responsables, porque es de suma gravedad que se agreda al personal policial. Ahora, el general Rozas me parece que no está bien informado, porque las dos carabineras ya declararon, precisamente, ante Carabineros. Abigail Agurto declaró el 4 de noviembre y también se le tomó declaración a María José Hernández”.
Guerra, además, descartó que el Ministerio Público privilegie la celeridad de una investigación por sobre otra.
No es cierto que haya un trato diferente o que el Ministerio Público privilegie más un caso que otro. No hay sesgo, ni a favor ni en contra de nadie, ni de civiles, ni uniformados. Por ejemplo, tuvimos la investigación por sabotaje informático a la institución, se formalizó a tres personas y se condenó a una. Además, tenemos cinco condenas por lanzamientos de molotov contra carabineros. No hay ánimo de nada, al contrario, valoro mucho el trabajo de las unidades investigativas de la policía, tanto del OS-9 como del OS-7.
Manuel Guerra, fiscal regional Oriente
Respecto de los dichos de Rozas, el senador PPD Felipe Harboe indicó que “usar esa crítica en estos momentos parece más un reclamo por la buena gestión investigativa de una fiscal. No me parece prudente, viniendo de quien dirige la institución a la cual pertenece el formalizado”.
En tanto, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida dijo que “el órgano persecutor debe ejercer su mandato constitucional sin distinciones”.
Catastro de querellas
De acuerdo al registro de querellas presentadas por el gobierno por agresiones a Carabineros, 11 son por el delito de homicidio frustrado de carabinero en ejercicio de sus funciones y 14 por maltrato de obra a carabinero en ejercicio de sus funciones. Estas han estado dirigidas contra un total de 25 imputados, de los cuales nueve son contra quienes resulten responsables, es decir, sin la individualización de los querellados. Del resto, ocho están en prisión preventiva, uno con arresto domiciliario y nueve con otro tipo de cautelares.
Además, hay dos imputados con suspensión condicional del procedimiento y dos personas condenadas. Se trata de menores de edad, sentenciados a dos años de libertad asistida. Fuentes ligadas a la elaboración de este análisis indicaron que la mayoría de los imputados fueron detenidos en flagrancia.
