La ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales (Gores) enfrenta un panorama al que al menos hay que prestarle atención. Según los datos entregados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), a abril los Gores promediaban un 17,2% de ejecución, lo que representa una disminución del 11,2% respecto del 28,4% ejecutado en el mismo período de 2023. Es decir, este 2024 se han gastado $ 269.374.628 del presupuesto vigente de $ 1.565.150.367, mientras que en las mismas fechas del año pasado se llevaban gastados $ 402.826.718 de $1.417.661.909.
Coincidencia o no, la baja se da después de meses marcados por los líos de platas entre fundaciones y algunas instituciones del Estado, entre las que se cuentan los Gores, lo que llevó a endurecer la normativa de traspasos de dineros.
En este contexto, los Gobiernos Regionales expresan preocupación por la disminución en la utilización del erario fiscal, señalando que la Ley de Presupuesto 2024 ha impuesto mayores restricciones, resultado de la crisis de los convenios. Particularmente, apuntan a demoras en el visaje de proyectos por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), sumado al siempre difícil despegue del presupuesto en los primeros meses del año. Pero desde la Dipres indican que si bien han aumentado las exigencias de información y control para estas instituciones, el visaje ha tomado en promedio nueve días.
Como sea, lo cierto es que son ocho gobernaciones las que muestran una disminución de más del 10% en su ejecución presupuestaria. Todo esto, además, se da a pocos meses de finalizar el primer mandato de esta institucionalidad recientemente creada en el país y que vino a reemplazar a las intendencias.
Según el último reporte de la Dipres, publicado este fin de semana, las tres gobernaciones con mayor ejecución hasta abril de 2024 fueron las de Los Lagos, con un 28,9% ($ 30.554.333 de $ 105.855.810), seguida de Magallanes, con un 24,1% ($ 16.337.245 de $ 67.845.533), y Biobío, con un 20,7% ($ 23.011.518 de $ 111.313.138). Por otro lado, las regiones con menor ejecución fueron Tarapacá, con un 6,8% ($ 4.516.757 de $ 66.586.537); Aysén, con un 7,8% ($ 5.920.123 de $ 75.543.470), y Coquimbo, con un 11,8% ($ 10.397.856 de $ 88.163.474). El año pasado, en la misma fecha, Tarapacá alcanzó un 23,8% de ejecución; Aysén un 24,4%, y Coquimbo un 21%.
Y si en el Gore de Antofagasta, la región donde estallaron los líos de platas, la ejecución está por sobre el promedio nacional, con un 17,7% ($ 20.210.001 de $ 113.931.367), en la Metropolitana alcanza una cifra similar con un 17,8% ($ 30.685.925 de $ 172.317.821).
Y si bien los Gores llevan pocos años de vida, al comparar con la ejecución que antes tenían las intendencias, se tiene que este avance se transforma en el segundo de más bajos desempeños en la última década y es solo superior al 13,6% de 2022, año marcado por la pospandemia. Los otros resultados bajos corresponden a 2011, cuando se llegó a un 20,2%, y en 2021 cuando se alcanzó un 21,6%. Mientras que la cifra más alta es de 34,6%, registrada en 2010.
“Los problemas de ejecución presupuestaria reflejados en los últimos datos que recibimos de los Gobiernos Regionales tienen que ver con la Ley de Presupuesto 2024, que ha implementado una serie de restricciones a raíz del caso de los convenios, dificultando el ejercicio presupuestario. Todos los gobernadores estamos a favor de la transparencia y la probidad, pero las restricciones derivadas de la ley están dificultando enormemente el ejercicio presupuestario”, indica a La Tercera Rodrigo Mundaca, presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi).
Una vez conocidos los líos de platas, los esfuerzos de la directora de la Dipres, Javiera Martínez, y del ministro de Hacienda, Mario Marcel, se centraron en abordar los problemas surgidos tras la revelación de las irregularidades, y particularmente también en aquellos tratos directos surgidos en las gobernaciones que aún están en proceso de investigación.
Frente a esto, el objetivo planteado por la institución dirigida por Martínez apuntó a la concursabilidad como norma general, la eliminación de los tratos directos, la disminución de la discrecionalidad sin retroceder en descentralización, y fortalecer la capacidad ejecutora propia y las transferencias a instituciones públicas.
“Teníamos un nivel de debilidades normativas (...) en el caso de los gobiernos regionales, una vez que son electos y hay un proceso de descentralización política, no tienen ninguna normativa permanente sobre cómo ocupar su presupuesto y se cambian las reglas año a año”, decía Martínez en el contexto de la Ley de Presupuestos 2024.
Cabe recordar que los Gobiernos Regionales han sufrido cambios significativos en todas las leyes de presupuesto desde 2021, donde la mayor fue en 2023, cuando se creó una partida presupuestaria propia para estas instituciones ya que en un principio su regulación estaba integrada en el Ministerio del Interior.
Desde la institución que encabeza Mundaca y que reúne a los 16 gobiernos regionales del país, hoy dan cuenta que la Ley de Presupuesto de este año “trajo dificultades para el despegue de la ejecución presupuestaria”.
En esa línea, Mundaca explica que “para comenzar a utilizar el presupuesto asignado en este año se debían esperar al menos 30 a 60 días por los procesos que deben transcurrir para la aprobación de la distribución del presupuesto, lo que dificulta la ejecución presupuestaria entre enero y febrero para los gobernadores”, señala.
Según la norma, la partida de Financiamiento Gobiernos Regionales, “los gobernadores regionales elaborarán la distribución inicial de sus presupuestos de funcionamiento e inversión en un plazo máximo de 10 días (...) luego someterán el presupuesto a la aprobación del Concejo Regional, el cual tendrá un plazo máximo de 10 días corridos. Una vez aprobada por el Consejo, el gobernador regional deberá remitirla a la Dirección de Presupuestos a más tardar en los cinco días corridos posteriores”. Asimismo, indica que “los procedimientos necesarios para realizar modificaciones presupuestarias y reclasificaciones de proyectos incluyen etapas que antes no existían”.
Pero tras las investigaciones por los convenios entre el Estado y organizaciones sin fines de lucro, se impulsó el apuntar la inversión en instituciones públicas -sobre todo municipios-, lo que trajo otro problema. Según Mundaca, “la inversión en servicios públicos y privado para la construcción -por ejemplo de veredas o Cesfam- solo queda devengada una vez que el proyecto ha sido concretado, por lo tanto, la ejecución se hace visible meses y hasta años después”.
Desde la Dipres afirman que en el marco de la tramitación legislativa del proyecto de Ley de Presupuesto 2024 “se introdujeron regulaciones más exigentes que elevaban el estándar para uso de recursos públicos”. Y agregan que en un inicio el proyecto incluía 12 glosas para el Programa de Inversión Regional de los Gobiernos Regionales y que al finalizar el trámite legislativo, las glosas en total fueron 23, dando cuenta de que esto “aumentó las exigencias de información y control para estas instituciones”.
En ese marco, aseguran que se “incorporó a la ley ahora vigente que toda modificación presupuestaria tiene que ser aprobada por el Consejo Regional respectivo”. También se definió que, al ejecutar a través de privados –como Bomberos-, los recursos se cuentan como ejecutados recién cuando el ejecutor rinde cuentas de su uso, algo que no se exige al resto de la administración pública. Esto, reconocen, ”en el proyecto de ley de Presupuestos de 2025 se buscará subsanar estas situaciones”.
Pero, asimismo, también descartan una extensión fuera de norma en los plazos para visar los presupuestos iniciales de estas instituciones, indicando que “en promedio su tramitación en la institución tomó 9 días, por lo que se cumplió con el plazo establecido en la ley”. Respecto a otras situaciones, “que no están definidas en la Ley, los plazos de visaje se han extendido para pedir antecedentes adicionales a los Gobiernos Regionales para verificar que las solicitudes que están realizando cumplen con los requisitos”.
Y si bien hace dos semanas el Ministerio Público contabilizaba que el perjuicio fiscal por los convenios fue de más de $3 mil millones, el presidente de la Fundación Chile Descentralizado, Ismael Toloza, y quien forma parte del Consejo Asesor de la Política de Descentralización, asegura que el impacto en la normativa que hoy restringe la ejecución presupuestaria es desproporcional.
“Es particularmente complejo, de los 3 mil millones que serían el fraude del caso convenios en Gores y el Minvu, corresponde a un 0,18% del presupuesto global de inversiones de los Gobiernos Regionales”. Y cierra: “Todos estamos de acuerdo que la corrupción hay que combatirla, pero hay que dotar de proporcionalidad las respuestas para que no terminen afectando a las instituciones y a la gente que necesita el apoyo de estas”.
