Un error no forzado del gobierno en el proyecto de gratuidad para los estudiantes de institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), pertenecientes al séptimo decil de ingresos, prendió las alertas de una posible inconstitucionalidad en la iniciativa. Esto, debido a que discriminaría a alumnos igualmente vulnerables por el tipo de institución a la que asisten, ya que no se incluyó a los matriculados en carreras técnicas de universidades.
El senador del PPD Jaime Quintana ya había cuestionado el martes que se hiciera diferencias entre todos los estudiantes de CFT e IP y los de universidades, que pertenecen al 70% más vulnerable de la población. Y este martes advirtió que el proyecto discriminaría a los alumnos que estudian carreras técnicas en universidades, lo que, a su juicio, sería inconstitucional.
"Si este proyecto avanza tal como está, claramente tendrá varias reservas de constitucionalidad, porque deja afuera a los alumnos de carreras técnicas, pertenecientes al séptimo decil, que son igualmente vulnerables que aquellos matriculados en los CFT e IP", afirmó Quintana.
El senador, quien es integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, sostuvo que "yo no tengo muchas expectativas de lo que pudiera hacer el Tribunal Constitucional (TC) por su composición actual y porque ha actuado como tercera cámara política. Evidentemente, tendremos que hacer una reserva de constitucionalidad, porque de acuerdo al fallo del TC de 2015 no se puede discriminar a los alumnos por tipo de institución, sino solo por grado de vulnerabilidad".
La abogada y exasesora del gobierno anterior María de los Ángeles Fernández planteó que si bien se valora el reconocimiento de la política de gratuidad y el esfuerzo por fortalecer el subsistema técnico-profesional, "el proyecto de ley denota cierta improvisación por parte del gobierno, pues podría estar contradiciendo la línea argumentativa del mismo TC respecto de la gratuidad".
Fernández añadió que "el nivel socioeconómico de un estudiante es el mismo en el séptimo decil universitario o técnico-profesional. Existen otras medidas para fortalecer el sector, como avanzar en la implementación de los CFT estatales o en la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional, que pueden ir de la mano con avanzar en gratuidad tanto en universidades como en CFT e IP, sin arriesgar una declaración de inconstitucionalidad".
El abogado constitucionalista Patricio Zapata tiene una mirada más cautelosa y sostiene que "para denunciar una discriminación arbitraria es indispensable revisar cuáles son las razones o fundamentos que tiene el legislador para tratar distinto a unas personas que a otras personas. No basta con que exista la diferencia. La clave esta en el hecho de que exista una justificación suficiente. El foco no debería estar en un sola norma, sino en la batería de normas, subsidios y becas que entrega el Estado".
Por otro lado, el abogado constitucionalista experto en educación, Jorge Barrera, quien fue asesor legislativo de Chile Vamos, dijo que "lo importante es que no es inconstitucional beneficiar más velozmente a los estudiantes que no estudien licenciaturas".
Barrera planteó también que la solución es simple: "De no existir fundamento para esa diferencia (entre alumnos técnicos de CFT e IP y universidades), la solución no es para nada compleja, simplemente el gobierno ingresa una indicación para incluir a los estudiantes de carreras técnicas impartidas por universidades, claramente ello requeriría mayor aporte fiscal".
El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, defendió la constitucionalidad del proyecto del gobierno y explicó que "los CFT e IP tienen características diferentes de las universidades, y desde ese punto de vista constitucional es posible tratar en forma distinta a ambas instituciones y, por lo tanto, también a los alumnos que se matriculan en una u otra institución".
Figueroa añadió que "la Constitución impide las discriminaciones arbitrarias que son las que no tienen justificación. La diferencia que se hace radica en reconocer las particularidades de las instituciones que se dedican exclusivamente al mundo técnico y es una distinción que no tiene vicio de constitucionalidad".
El diputado de RN Diego Schalper, en tanto, criticó a la oposición: "Tal como lo dijo el Presidente, este proyecto viene a corregir la discriminación que se hizo en el gobierno anterior con los estudiantes de los CFT e IP, sorprende el doble estándar de algunos sectores".
Acuerdo
Más allá de si el gobierno decide resolver esta duda mediante una indicación sustitutiva, como plantea el abogado Barrera, la oposición ya se prepara para negociar con el oficialismo y pedir que se aumente la oferta de los nuevos 15 CFT estatales y se adelante su puesta en marcha.
"Con la senadora Yasna Provoste vamos a pedirle al gobierno que pueda ampliar la cobertura de los CFT estatales, vamos a plantear que, por ejemplo, si en una región se han planificado dos sedes pediremos que se instalen cuatro y que también se adelante la instalación de estas instituciones", afirmó el senador Jaime Quintana.
Al respecto, el subsecretario dijo que "los CFT estatales están en su fase de implementación y, por lo tanto, lo que corresponde es poner los esfuerzos para que se instalen de manera adecuada, cumpliendo con el calendario que establece la ley que los crea".
