Uno de los primeros plazos que establece la Ley de Educación Superior, que fue publicada en el Diario Oficial el 30 de mayo pasado, es que otorga 60 días para que las universidades, CFT e IP que actualmente están en gratuidad puedan elegir salirse del beneficio informando su decisión al Ministerio de Educación.
Dicho plazo vence mañana y hasta el momento tres de las cuatro universidades que se pensaban que podían optar por salirse de la política de financiamiento -la Universidad Diego Portales, la Universidad Finis Terrae y la Universidad Autónoma- han ratificado que se mantendrán en la gratuidad, al menos durante el próximo año.
La razón por la que se ponía en duda su permanencia era que la política de gratuidad, que ahora queda establecida de forma permanente en la ley y no como se hacía antes mediante glosa presupuestaria, había generado problemas financieros en algunos planteles por la fijación de aranceles, que en muchos casos quedaban por debajo del costo real que tenía para las universidades impartir una carrera.
El déficit, además, podría agravarse el próximo año cuando comience a regir la fijación de aranceles para alumnos del séptimo, octavo y noveno decil, es decir que no están en gratuidad, pero que pertenecen a instituciones que adscriben al beneficio.
Hoy el rector de la Finis Terrae, Cristián Nazer envió una carta a la comunidad universitaria señalando que las autoridades de la universidad habían "decidido confirmar la participación de nuestra institución en la gratuidad para el año 2019". En el comunicado se explica que tras realizar una consulta abierta al interior del plantel se pudo observar "la alta valoración que tiene la comunidad académica respecto al valor misional, formativo y estratégico que tiene el permanecer en esta política", pero también la "preocupación respecto a las limitaciones financieras que ha significado".
El rector aseguró, en la misiva, tener la esperanza de que la normativa "sea perfeccionada, sobre todo en lo que se refiere a los aranceles regulados y estrategias de desarrollo".
Desde la U. Autónoma, el rector Teodoro Ribera señaló que "hemos decidido entregar, nuevamente a los futuros alumnos, la posibilidad de optar a este beneficio, aunque hacerlo involucra una importante disminución de los ingresos". Ribera aseguró que la política "está generando crecientes problemas de sustentabilidad al sistema, los cuales han podido ser enfrentados por la U. Autónoma de Chile a través de esfuerzos económicos e institucionales que permitan no comprometer el proyecto de desarrollo institucional, su naturaleza esencialmente privada y su autonomía".
Desde la UDP, el rector Carlos Peña también ratificó que permanecerán en 2019 en el beneficio. "La UDP ha determinado que, en tanto no se apruebe la nueva ley de crédito, no innovará en su situación actual. Una vez que la ley de crédito se apruebe, y teniendo a la vista ese estatuto, evaluará qué alternativa, si acaso el crédito o si el estatuto de gratuidad, es más favorable para su proyecto intelectual, sus estudiantes y sus académicos".
Desde la U. Alberto Hurtado explicaron que "el plazo establecido para tomar la decisión de permanecer o no en gratuidad no es tal, pues siempre es posible dejar de estar adscritos. La Universidad Alberto Hurtado cree en la gratuidad y la valora como política, es por eso que adscribimos a ella". Desde el plantel aclararon que la permanencia "depende de condiciones que no deterioren la calidad de nuestro proyecto educativo, y que no afecten a quienes se forman en esta institución. La misión de la UAH es la calidad, la excelencia y la inclusión. La gratuidad así planteada no es viable; debemos conocer las condiciones finales del SIFS, cómo se regularán los aranceles para el 2019 y cómo se resolverá el aporte compensatorio para investigación".
Respecto a la permanencia en gratuidad de los planteles privados fuera del Cruch, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, explicó que "las universidades que adscribieron a la gratuidad y que no reciben fondos basales han tenido un impacto financiero muy relevante por participar en esta política".
El investigador añadió que "el hecho de que hayan decidido continuar tiene que ver con que pretenden ajustar su proyecto educativo a las condiciones financieras que el Estado les está imponiendo. Eso implica menor diversidad del sistema, menor autonomía y claramente hay una merma sobre todo en la UDP y UAH en el valor agregado que estas instituciones lograban incorporar a sus estudiantes".
