El Colegio de Profesores presentó este lunes un requerimiento en la Contraloría para pedir que se fiscalice a aquellos colegios particulares subvencionados que reciben aportes del Estado, por lo que no enfrentan problemas de morosidad de los apoderados, pero que aun así han suspendido laboralmente o despedido a docentes y asistentes de la educación.
La denuncia específica es que en 88 colegios particulares subvencionados han sido suspendidos o despedidos 520 trabajadores, pese a que contaban con subvenciones acumuladas que a veces superan los mil millones de pesos, según el cruce de datos del magisterio.
El presidente metropolitano del gremio, Carlos Díaz -quien ingresó la denuncia en el marco de su campaña para ser electo presidente nacional- afirma que están frente a “una anomalía y abuso, porque sostenedores del área particular subvencionada han declarado millonarios recursos, apozados por no utilizarlos en ejercicios anteriores, y se acogieron a la Ley de Protección del Empleo”.
“No corresponde que se castigue a los profesores y trabajadores de la educación de estos establecimientos”, agregó el dirigente.
En el requerimiento se mencionan casos como el Liceo Intercultural Guacolda, de Cholchol, que desvinculó a 38 trabajadores, teniendo $ 113 millones de subvención acumulada. También aparece la Fundación Educacional Mario Veloso Oses, que tiene 14 colegios en Ñuble y Biobío, y que desvinculó a seis trabajadores, pero teniendo $ 3.251 millones en subvenciones.
Igualmente aparece el caso de la Escuela Misionero de Agostini, de La Pintana, que poseería $ 1.394 millones en subvenciones y figura con nueve suspensiones. Sin embargo, su director, Dagoberto Saavedra, afirma que la información es errónea.
“Es imposible que tengamos ese nivel de subvención, porque solo tenemos 320 alumnos, y todos estos datos están debidamente registrados. Para percibir esa cantidad de dinero tendríamos que tener más de mil estudiantes”, asegura.
En todo caso, los trabajadores de este tipo de colegios afirman que sí ha habido vulneraciones. Eduardo Cisternas, vocero de Conatepas, que agrupa a trabajadores del sector particular subvencionado, cree que ningún plantel que reciba subvenciones debería haberse acogido a la Ley de Protección del Empleo.
“Algunos sostenedores están usando las subvenciones para generar recursos para sí mismos. La Contraloría debería fiscalizar esta situación, porque vemos que existe un lucro solapado, los dineros no se están reinvirtiendo en la educación y con la pandemia eso quedó demostrado”, dice.
Arturo Escarez, presidente de Confemuch, que reúne a los trabajadores de la educación del sector público, dice que no ha habido despidos masivos en los colegios municipales, pero que en aquellos que pertenecen a corporaciones sí ha habido funcionarios a los que no se les renovó el contrato.
