Gremios y municipios cuestionan efectividad del plan de protección policial a centros de salud

Después de diversos hechos violentos -los que incluyeron hasta balaceras- en varios centros de salud, y dada la presión de los gremios del sector, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció el pasado 11 de octubre que se iba a disponer “desde ya” de presencia policial en aquellos centros de salud categorizados con riesgo extremo o muy alto. Eso sí, no fue hasta 46 días después, el 25 de noviembre, que las medidas comenzaron a materializarse en 127 recintos de atención primaria.

Pero así como el anuncio generó dudas, la implementación también lo ha hecho, especialmente porque las situaciones de violencia continúan. A modo de ejemplo, funcionarios del Hospital Padre Hurtado, en San Ramón, iniciaron un paro indefinido exigiendo mayor seguridad y solo atendieron urgencias vitales tras el ataque con perdigones que dejó a dos enfermeras heridas hace casi dos semanas, tras una pelea por un presunto robo.

De hecho, el mismo alcalde de la comuna, Gustavo Toro, cuenta que “en el Hospital Padre Hurtado hemos tenido eventos que, lamentablemente, afectan su infraestructura crítica. Creo que es muy significativo lo que se está anunciando hoy día desde el gobierno, pero tiene que ir de la mano también con señales claras, donde los funcionarios del hospital, los médicos, enfermeras y auxiliares puedan estar tranquilos”.

Eso sí, el plan de interior solo abarca establecimientos de atención primaria.

En ese contexto, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (Confusam), Gabriela Flores, es crítica y asegura que el plan del gobierno no está funcionando como esperaban. “No me consta que las medidas se hayan cumplido. En los establecimientos de la capital donde se implementaron estas medidas no existen carabineros de punto fijo o rondas de vigilancia (...), eso nos tiene preocupados, porque vemos que el gobierno tomó con liviandad los hechos que han ocurrido últimamente en algunos lugares del país”, asegura.

Por esta razón, durante las próximas semanas se reunirán con las autoridades, instancia en la que también pedirán un balance del plan.

De todas maneras, Flores no es la única que pone en duda los resultados. La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, advierte: “No conozco los detalles del plan más que lo que se anunció a través de este medio en noviembre, porque la reunión donde las autoridades nos iban a explicar las medidas a fondo no se llevó a cabo. Entonces, no soy capaz de evaluar la implementación”.

La presidenta del gremio sí puede asegurar que “se ha implementado un refuerzo policial en los hospitales El Pino y Padre Hurtado. Sin embargo, no sé si esto obedece al plan anunciado, ya que no tengo conocimiento de su contenido. Desde nuestra perspectiva, este plan se presentó sin respetar el cronograma que estábamos llevando a cabo junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por lo tanto, no tengo claridad si corresponde al plan en cuestión o si es simplemente una reacción ante el aumento de actos de violencia en esos dos centros de Santiago”.

Incluso en uno de los municipios donde se implementó este plan tienen una mirada aún más crítica. Por ejemplo, Christopher White (PS), alcalde oficialista de San Bernardo, afirma que “en el caso del Hospital El Pino sí vimos una acción concreta y eficiente, donde incluso se detuvo a una banda que se dedicaba a asaltar profesionales. Sin embargo, en los Cesfam la inseguridad persiste. Inclusive tuvimos que adoptar nuestras propias medidas: implementamos una sala de monitoreo de cámaras de televigilancia y patrullas de seguridad municipal exclusivas para los centros de salud de la comuna”.

Consultada respecto al balance del plan y si este ya demostró resultados, Natalia Silva, subsecretaria de Interior (s), afirma que aún no están disponibles. “Tenemos que trabajar con estadísticas cerradas trimestralmente, por lo tanto, debiésemos tener un balance por parte de Carabineros y de todos los actores que están involucrados en este plan entre enero y febrero (...). En función de los datos duros evaluaremos cuáles han sido las debilidades y cuáles son las cosas que tenemos que fortalecer en esta materia”, dijo.

La Tercera realizó la misma consulta a Carabineros, pero hasta el cierre de esta edición no entregaron un balance, remitiéndose a explicar cómo funciona el servicio policial en los Cesfam y a señalar, en voz de la capitán Javiera García, que “conforme a la evaluación que llevamos hasta el momento, de forma a priori diríamos que es positiva, dado que toda implementación de servicio que incida directamente en la baja de la comisión de delitos y en caso particular lo que ocurre en este Cesfam (Raúl Silva Henríquez), donde teníamos un registro de delitos violentos y principalmente amenazas, estos bajaron de forma considerable”.

“Bajo ese punto de vista, es exitosa la implementación de este servicio en los Cesfam y en particular en Bajos de Mena. Sí tenemos una mayor seguridad, tanto en la atención de personas que llegan al centro asistencial, pero también en el perímetro de este”, agregó, señalando que en ese lugar, por ejemplo, se realizaron más de 180 fiscalizaciones que terminaron con 16 detenidos.

Aun así, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Gustavo Alessandri, afirmó que “el gobierno insiste en tapar el sol con un dedo, con puras medidas parches. Carece de una medida a nivel país que invite a todas las instituciones a ser parte de combatir el crimen organizado”.

Después de un trabajo entre la Subsecretaría del Interior y de Redes Asistenciales, las medidas se pusieron en marcha el pasado 25 de noviembre, con la definición de 127 centros de salud que reciben protección policial extra. De ellos, 42 están en la Región Metropolitana, 10 en Valparaíso, 15 en Biobío y 10 en La Araucanía. Los otros se reparten en el resto de Chile. El detalle específico de qué centros reciben atención no ha sido revelado, por motivos de seguridad.

Lo que sí conoció este medio -cuando se implementó el plan- es que las autoridades realizaron una evaluación detallada, clasificando los centros de salud según niveles de riesgo. Desde la Subsecretaría del Interior detallaban que “el plan de resguardo policial en recintos de salud comenzó a operar el lunes 25 de noviembre, con vigilancias especiales, categorizadas en riesgo alto, medio y bajo”. Y que además, respecto de la vigilancia para los recintos de salud en riesgo extremo, se está trabajando un plan de protección policial intensivo, el que comenzará a operar durante diciembre.

Y es que cada nivel cuenta con estrategias específicas. En el caso de los centros de riesgo “extremo”, Carabineros instruyó disponer un punto fijo una vez cumplidas las condiciones operativas que debe garantizar el servicio de salud respectivo. Esto debe ser coordinado, a su vez, con los delegados presidenciales y seremis de salud, con el plazo del 9 de diciembre para disponer del servicio.

En tal sentido, los centros con mayor exposición –un total de 10 establecimientos, cuatro en la RM, uno en Coquimbo, uno en Biobío, dos en La Araucanía y dos en Los Lagos– disponen de medidas como vigilancia nocturna o refuerzo en horarios priorizados.

Los centros clasificados con exposición alta (35) cuentan con vigilancia especial cada seis u ocho horas. Los de exposición media (34), en tanto, reciben vigilancia especial al menos dos veces al día, y los centros de bajo riesgo (22) tienen vigilancia especial conforme a la disponibilidad de recursos policiales.