
Hacienda identifica 10.961 funcionarios involucrados en casos de mal uso de licencias médicas en el gobierno central
La cartera informó además que se estima, preliminarmente, que a los trabajadores a los que se está realizando un sumario por viajar al extranjero con permiso, recibieron en total $12.438 millones en remuneraciones durante su ausencia.

Por medio de un comunicado y no con una vocería de autoridades como en las ocasiones previas, el Ministerio de Hacienda dio a conocer este viernes su tercer balance respecto a sus acciones para sancionar el mal uso de licencias médicas en el sector público.
Esto, en respuesta al informe de la Contraloría General de la República que detectó que, entre 2023 y 2024,más de 25.000 funcionarios viajaron fuera del país teniendo permiso por salud.
El reporte anterior, lo había dado a conocer la cartera hace más de 30 días, el 27 de junio.
En su tercer balance, el Ministerio de Hacienda volvió a actualizar la cifra de funcionarios involucrados en casos de mal uso de licencias médicas en el gobierno central.
El primer reporte los cifraba en 7.990, en el de junio pasaron a 8.814, y en esta tercera entrega, con información hasta el 15 de julio, se señala que se ha identificado a 10.961 trabajadores en esta situación.
También se actualizó la cuantificación de los sueldos que se pagaron a los trabajadores que estuvieron con licencia médica en el extranjero.
“La duración promedio de las licencias involucradas es de 18,3 días y, considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estima preliminarmente que los funcionarios a los que se está realizando un sumario recibieron en total $12.438 millones en remuneraciones pagadas durante estos períodos de ausencia”, indicó el ministerio.
En junio, ese valor estimado correspondió a $10.938 millones, considerando un promedio de ausencia más prolongado, de 18,9 días.
Por otro lado, la cartera que encabeza el ministro Mario Marcel anunció que este viernes distribuirá un nuevo oficio a todas las instituciones públicas del gobierno central, en el que se abordan las nuevas investigaciones que la Contraloría General de la República ha anunciado.
También se recalca que “si los hechos acreditados vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, la ley establece de manera imperativa que debe aplicarse la sanción de destitución”.
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