Casos como el de Gustavo Gatica, quien perdió la visión luego de recibir impactos de balines en una protesta, y el de Álex Núñez, fallecido tras recibir una golpiza que -según investiga la Fiscalía- habría sido ocasionada por Carabineros, son eventuales vulneraciones a los derechos humanos por los que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se ha querellado, en el contexto de la crisis social.
El organismo presenta estas acciones para asegurar que los empleados públicos cumplan sus roles de acuerdo a la ley. Sin embargo, el CDE también tiene como objetivo resguardar los recursos públicos. En ese sentido, hace meses que el organismo visualiza el escenario de que los ciudadanos afectados por el actuar policial podrían presentar demandas indemnizatorias.
Si bien aún no hay demandas civiles por hechos en los que el CDE ha presentado querellas, ya han sido notificados de dos acciones por la afectación de balines en protestas. Ante este escenario, el pasado 28 de abril se acordó por el consejo que todas las causas de esta naturaleza sean derivadas de inmediato al Comité Penal.
Una de las causas que ya está siendo analizada por la justicia se tramita en el Primer Juzgado de Letras de Arica. Se trata de una mujer que acusa que el 28 de octubre su hija recibió un perdigón en la cabeza y terminó con una herida cortante en la frente, calificada como grave por el Servicio Médico Legal. Por estos hechos también presentó una querella.
En total, pide $ 250 millones de indemnización. De ese monto, $ 25 millones corresponden a los gastos derivados del tratamiento de la lesión y psiquiátrico y psicológico de la familia, y $ 225 millones por daño moral.
El CDE contestó que “el tribunal debe considerar las circunstancias relativas a la conducta de los demandantes mayores de edad y su colaboración causal en el daño propio sufrido, en el contexto de una protesta (…) que había dejado de ser a todas luces una protesta pacífica, y por consiguiente, fuera de aquellas protegidas por la Constitución”.
Según el consejo, “al menos media hora antes de producirse la herida de la menor, la avenida Comandante San Martín fue bloqueada con barricadas en la esquina (…), violencia que aumentó (…) produciéndose enfrentamientos entre manifestantes y los guardias de la Gobernación Marítima de Arica. Queda en evidencia que la manifestación ya no era pacífica. La permanencia en el lugar de menores de edad aconsejaba a los padres responsables la adopción de medidas que atenuaran aquellos riesgos”.
El tribunal resolvió el 7 de mayo tener por evacuado el trámite de dúplica y se citó a las partes a una audiencia de conciliación. La notificación de esa resolución se encuentra suspendida, debido a la crisis del Covid-19.
“Vio gente correr”
El segundo caso se tramita en el Tercer Juzgado Civil de Concepción. Se trata de una mujer que, según la presentación, perdió el 40% de la visión del ojo izquierdo por el impacto de un balín. Pide que se le paguen $ 110 millones ($ 80 millones para ella y otros $ 30 millones para su madre).
Según la demandante, Martina Polanco Montenegro, quien presentó la acción el 2 de marzo, se encontraba en el centro de Concepción el 11 de noviembre de 2019 para grabar una manifestación y enviarla “al grupo de WhatsApp de trabajo (TVN Red Biobío), pues realiza labores esporádicas para ellos, sin contrato de trabajo”. El escrito añade que “cerca de las 20.15 h Martina Polanco estaba sentada en un macetero de concreto, ubicado justo afuera del café Colombia (en la intersección de calle Orompello con calle San Martín), observando el ambiente de manifestaciones. De pronto escuchó muy fuerte el motor del carro lanza gases e inmediatamente vio gente correr. Ante esta circunstancia, se paró para mirar de frente hacia donde estaba Carabineros y no alcanzó a divisar nada, cuando repentinamente sintió un fuerte impacto en el ojo izquierdo”.
El abogado Ramón Sepúlveda, quien fue parte del área penal del CDE por cinco años, indicó que “he asumido más de 20 causas de este tipo, con la Fiscalía Popular de Cerro Navia, donde hay vecinos heridos gravemente y el CDE es querellante en uno de los casos (...) Si bien estas causas están en investigación aún, es claro que una vez que se esclarezcan los hechos y se condene a los responsables, vamos a ejercer acciones civiles en las que sin duda el CDE tendrá que enfrentar este problema, que a todas luces debe ser corregido institucionalmente, ya que este es un problema de coherencia que ha existido siempre en este tema”.
