Considerando las conclusiones que entregó la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre las situaciones de Abuso y explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) bajo protección del Estado, un grupo de organizaciones de la sociedad civil decidió impulsar la plataforma #ActuarEsUrgente a fin de “prevenir, informar, empoderar e incidir” para terminar con esta problemática.

“Este grave tipo de delito que, en estimaciones no actualizadas, afecta a más de 4000 niños y niñas al año, muchos de ellos bajo tutela del Servicio de protección del Estado, en Sename, se caracteriza por su invisibilización, la naturalización que realizan tanto explotadores como víctimas y su entorno”, explicó Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, una de las instituciones impulsoras de la plataforma.

En el mismo sentido, la diputada Maite Orsini, quien presidió la citada comisión, manifestó que “los niños y niñas al cuidado del Estado viven una situación precaria y absolutamente inaceptable. En el Congreso hemos logrado determinar que existen redes de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que operan con total impunidad. El Estado debe terminar con este abandono histórico, con la negligencia y la impunidad, y por eso estamos apoyando esta instancia y trabajando en una nutrida agenda por la infancia que llevaremos adelante poniendo como prioridad la seguridad y el bienestar de los niños y niñas de nuestro país”.

Según los datos que maneja la Fundación San Carlos de Maipo, en base al Observatorio Metropolitano, la población afectada es predominantemente de sexo femenino (78%), encontrándose la mayoría entre los 15 y 17 años, aunque el promedio de edad de inicio de la explotación sucede entre los 12 y 13 años.

“Los estados que hemos ratificado la Convención de Derechos del Niño tenemos la obligación de tomar medidas eficaces, adecuar nuestra legislación y políticas para prohibir y erradicar la violencia contra NNA, entre ellas la Explotación Sexual Comercial Infantil, que constituye una grave violación de los derechos humanos de NNA. En nuestro país y desde hace años se ha constatado esta realidad, que además golpea fuertemente a los NNA separados de sus padres, y familias y al cuidado del Estado”, aseguró en el mismo sentido Mónica Jeldrés, jueza de Familia.

Y agregó: “la oferta existente hasta hoy no es la adecuada. Muchas veces las víctimas enfrentan situaciones de calle, están expuestas al consumo de droga y a la explotación propiamente tal, donde reciben programas distintos, lo que demuestra la ineficiencia del sistema y uso de recursos. Las nuevas residencias familiares creadas para reemplazar a los CREAD, están lejos de constituirse en espacios de cuidado. Las redes de este tipo de delito, llegan sin mayores problemas a las víctimas, por lo que es imprescindible conocer la realidad para establecer medidas y acciones de prevención, persecución y protección”.

Por lo mismo, en un rol de vigilante, la plataforma entregará recomendaciones de dos tipos: proyectos de ley y acciones del poder Ejecutivo, Legislativo y de los organismos autónomos, e informes para dar seguimiento a la concreción de las diferentes acciones que se evidenciaron en la Comisión Investigadora.