La revisión de varias estaciones del Metro de Santiago, días después de ser incendiadas tras el estallido social, le permite al fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, establecer una línea investigativa que a 50 días de la crisis social va tomando forma y sentido: la participación de grupos organizados en los siniestros de algunas estaciones del tren subterráneo.

¿Tiene evidencia de actos coordinados la noche del 18 de octubre?

Estamos en una etapa de investigación que nos impide hablar de si hay evidencia o no. Lo que sí le puedo decir es que por las diligencias que hemos realizado y el análisis de cómo algunas de las estaciones de Metro se fueron quemando sucesivamente en la Línea 4, más o menos a la misma hora, y el hallazgo de focos de inicio de esos incendios en zonas clave de estos recintos, podría decir -al menos- que hay indicios de una eventual participación de grupos organizados en los incendios que fueron provocados en algunas de esas estaciones. Es una línea de investigación que estamos siguiendo. Ahora, lo que nosotros hemos formalizado ante la justicia son personas que actuaron de forma individual en delitos de daños e incendio al Metro que permanecen en prisión preventiva por la gravedad de estos hechos.

¿Qué tan relevantes han sido las imágenes incautadas? Se hablaba de análisis de más de 20 mil horas de grabaciones...

Tanto la policía como el Ministerio Público han enfocado su labor en dar con las identidades de las personas que cometieron estos delitos. Tenemos una gran cantidad de rostros, esas personas están individualizadas y es cosa de tiempo de que sean identificadas y enfrenten a la justicia. El delito de incendio tiene penas altísimas, porque lo que provoca es un grave riesgo a la integridad no solo de la edificación que se quema, sino también de las personas. Esos imputados a los que la fiscalía va a ir llevando ante tribunales es probable que de ser condenados pasen gran parte de su vida en la cárcel por estos graves hechos. Y ahí nuestra obligación es realizar una investigación rigurosa que nos permita llevar la mayor cantidad de pruebas para que los tribunales dicten las condenas acordes a estas graves situaciones que hemos vivido como país. El Metro se tiene que entender como una de las formas de mayor democratización y el haber atentado contra este importante medio de transporte de la capital no puede quedar impune y en eso estamos, buscando a los responsables.

A usted el fiscal nacional, Jorge Abbott, lo nombra para que investigue de forma preferente los actos de violencia en la RM tras el estallido social. ¿Por qué cree que le asigna esa labor?

Pienso que fue por la experiencia que con el fiscal Álex Cortez hemos tenido en investigaciones contra grupos que actúan en coordinación para cometer delitos. Años atrás investigamos los atentados terroristas en la Subestación del Metro Escuela Militar, logrando la identificación de la persona que colocó esa bomba. Como fiscales y ciudadanos entendemos la movilización social que hay en el país, distinguimos la protesta masiva y pacífica, pero estamos apuntando a aquellos violentistas que aprovechándose de esa gran masa pacífica que sale a las calles se amparan en esa masividad para cometer delitos. El principal desafío es poder establecer si existen grupos organizados tras estos actos y, en ese sentido, creo que será una causa de largo aliento, pero estamos haciendo las diligencias necesarias para responder esa pregunta que se hacen las autoridades y la ciudadanía.

En el pasado investigó grupos anarquistas tras las colocaciones de bombas. Por su experiencia, ¿podrían estos mismos grupos estar tras los actos de octubre?

Aún es preliminar poder afirmar algo así, pero evidentemente es una hipótesis que tenemos que trabajar. Basta mirar algunos de los mensajes que se nos repiten con las investigaciones del pasado, el incitar a quemar todo, al caos e, incluso, me llamaba la atención, eso que los grupos anarquistas pregonaban en años anteriores de 'instrumentalizar al lumpen y los narcos' para generar el caos y el desgobierno y que, de cierta forma, es lo que hemos visto, en algunos casos, en las últimas semanas.

¿Lo dice por los llamados narcosaqueos?

A ver, no me gusta ese tipo de denominaciones, aunque de cierta forma es algo que estamos viendo en mi zona. Al principio los saqueos eran cometidos por personas sin antecedentes, pero luego ha mutado a un imputado con antecedentes por tráfico. De hecho, en algunos de los allanamientos a personas indagadas por robo en lugar no habitado -que es el saqueo- encontramos paquetes de drogas al interior de estas casas que contenían artículos saqueados.

En su jurisdicción hay dos comisarías que son blanco de varias acusaciones por violaciones a los derechos humanos, una en San Miguel y la otra en Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo lo hace para enfrentar ambas situaciones? Investiga con Carabineros y, a la vez, los investiga penalmente...

Esa situación no es ajena a nosotros en la Fiscalía Sur. Sin ir más lejos, hace algunos meses condenamos a toda una tenencia del sector El Castillo por delitos muy graves que eran cometidos por funcionarios de Carabineros. Sobre las causas que me pregunta, están ahora en investigación, están a cargo de tres fiscales especialmente capacitados en temas de derechos humanos y quisiéramos avanzar más rápidamente como lo merecen las víctimas, el punto en que muchas veces topamos con la burocracia de otras instituciones que están a cargo, por ejemplo, de peritajes sicológicos. Ahora las personas tienen que tener en cuenta que si bien son causas complejas, el Ministerio Público no tiene miramientos respecto de esos imputados, y si hay pruebas se van a pedir las formalizaciones que sean necesarias. Igualdad ante la ley y la aplicación del principio de objetividad, como nos ha ordenado el fiscal nacional desde el primer día de este estallido social.

¿Les influyen las críticas del gobierno al rol de los fiscales tras el estallido social?

Diría que causa molestia, porque de cierta forma distrae el trabajo que estamos haciendo. El Ministerio Público es, al igual que el Poder Judicial y la Defensoría, una de las instituciones que pese a la gran cantidad de causas que se han abierto a propósito de esta crisis social, han actuado de forma muy profesional. No comparto ninguna de las críticas, acá hay una política criminal que el fiscal nacional, Jorge Abbott, ha refrendado en cada instrucción que nos ha entregado. Ahora nosotros seguimos adelante con las investigaciones y estamos tomando en cuenta el contexto actual. Muchas de las causas que antes se terminaban en la misma audiencia de formalización, hoy las estamos tramitando a más largo plazo. Estamos focalizados en investigar y también por eso nos reunimos semanalmente con los otros fiscales regionales para compartir información que pueda ser valiosa y nos determine, por ejemplo, si existen modus operandi de cierta criminalidad, de ciertos grupos dedicados a actos de violencia. Hay que recordar que tenemos 20 años de historia como fiscalía y es la primera vez que afrontamos desafíos de estas características.

¿Se sienten interpelados por el gobierno?

Somos una institución autónoma, sabemos que estamos bajo la atenta mirada de la ciudadanía y lo que nos corresponde como fiscales es ejercer la acción penal pública. Esperamos críticas constructivas que contribuyan a consolidar la paz social.

Hay quienes plantean que el profesor Roberto Campos, imputado por daños a los torniquetes del Metro, se arrepintió de sus actos y mantenerlo preso es un intento de "criminalizar la protesta". ¿Qué les responde?

En un estado de derecho los ciudadanos somos responsables de nuestros actos y es el sistema criminal el encargado de resolver los conflictos jurídico-penales. El arrepentimiento no constituye inocencia. Es más, acá no estamos frente a un imputado que compareció voluntariamente al sistema de justicia, sino que hubo que realizar una investigación de largo aliento, con equipos especializados para establecer su identidad y su participación. A nivel jurídico, estamos frente a una conducta delictual y no de protesta social, especialmente considerando que estos hechos dicen relación con la destrucción de la columna vertebral del sistema de transporte público de Santiago y, por tanto, la sociedad debe resguardar estos bienes que benefician a todos en su conjunto. Si existiese un real arrepentimiento, ello debiese concretarse en que dichas personas se presenten a la fiscalía a su asumir la responsabilidad por sus actos. Cabe destacar que dicho imputado se encuentra en prisión preventiva, lo que ha sido ratificado por distintas vías por los tribunales superiores de justicia. En mi experiencia de 19 años como fiscal, he visto imputados condenados por homicidio, violación o narcotráfico arrepentidos y eso no significa que no sean responsables penalmente de sus actos.