Héctor Barros se convierte en el reemplazante de Raúl Guzmán en Fiscalía Sur

El Fiscal Nacional Jorge Abbott designó a Héctor Barros Vásquez como el sucesor de Raúl Guzmán, es decir, como el nuevo fiscal jefe de la zona Sur. Este nuevo rol lo asumirá el miércoles 1 de mayo.

La decisión del persecutor jefe es tomada luego de presenciar las exposiciones de la terna finalista, conformada por Barros, Tufit Bufadel Godoy y Marcos Pastén Campos.

Barros se desempeñaba como fiscal jefe de Puente Alto desde el año 2017. Dentro de currículum está el haber trabajado en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad; el de fiscal adjunto de la Fiscalía Antinarcóticos y Crimen Organizado.

Raúl Guzmán renunció a su cargo en el Ministerio Público para asumir la Secretaría del Senado. Su nominación no estuvo exenta de polémica, debido a que ciertos sectores criticaban que no tuviera relación con la corporación.

Pero además, los cuestionamientos se agudizaron luego de que se conociera un video, publicado por CNN Chile, que registró la presentación del fiscal ante los parlamentarios, donde señalaba que iba a actuar como "un escudo protector del Senado".

Otro elemento que había generado dudas al interior del Partido Socialista era el vínculo del padre de Guzmán en una causa de violaciones a los DD.HH. en la que fue sobreseído.

De acuerdo a la misma Fiscalía Nacional, Barros es abogado de  la Universidad de La República, cuenta con un Diplomado en Reforma Procesal Penal de la misma casa de estudios y con otro sobre Investigación e Inteligencia, otorgado por la ANEPE, además de un Postítulo en Derecho Penal de la Universidad Católica del Norte. Ingresó al Ministerio Público en mayo de 2001, como fiscal adjunto en La Serena. En 2004 se trasladó a la Fiscalía Sur, como fiscal jefe especializado en delitos de robo y dos años después asumió, en la misma región, la jefatura de la Fiscalía Especializada en Narcotráfico y Crimen Organizado, en la que se mantuvo durante 11 años. Desde 2017 a la fecha está a cargo de  la Fiscalía Local de Puente Alto, periodo en el que además le ha correspondido asumir la subrogancia y suplencia de la Fiscalía Regional.

Ha tenido a su cargo investigaciones por atentados terroristas en la Región Metropolitana y se ha  desempeñado como instructor internacional invitado por ONU, OEA y el Departamento del Tesoro de EE.UU. y, desde 2015 a la fecha, es profesor de la academia de formación de la Policía de Investigaciones de Chile, entre otras actividades académicas.

Probablemente, en este minuto el caso más mediático que estará en sus manos es el de la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde se investiga –de manera paralela a las indagaciones que efectúa la ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi-, casos de nombramientos irregulares, tráfico de influencias y eventual cohecho, por parte de tres miembros del Tribunal de Alzada: Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.

De hecho, el viernes pasado ya fue formalizado el suspendido juez Elgueta por prevaricación y enriquecimiento ilícito, diligencia que estuvo a cargo del fiscal de Alta Complejidad de O'Higgins, Sergio Moya, quien de ahora en adelante trabajará a la par de Barros en la investigación contra miembros del Poder Judicial de dicha región.

Entre las otras causas importantes que lleva esta jurisdicción se encuentra el denominado Caso Bombas II. La justicia ya ha dictado condenas en esta indagatoria, por ejemplo, la de 23 años contra Juan Flores, quien fue declarado culpable de la instalación de bombas en un vagón del Metro Los Domínicos y también en la galería Subcentro de la estación de Metro Escuela Militar.

También se está indagando en la Metropolitana Sur la bomba que detonó en la casa del expresidente de Codelco, Óscar Landerretche, hace dos años.

Fue esta jurisdicción, además, la que se hizo cargo de investigar la bomba que detonó en un paradero del Transantiago el 4 de enero pasado, y que dejó a cinco personas heridas, especialmente a un matrimonio venezolano.

No obstante, las indagatorias por bombazos no siempre han tenido condenados. En el denominado caso Bombas I fueron absueltas dos personas que posteriormente serían condenadas en España por haber cometido el mismo delito: Mónica Caballero y Francisco Solar. En una entrevista con La Tercera el propio Guzmán asumió sobre ese caso que "claro que se cometieron errores, pero también se trató de caricaturizarlas en una investigación y un juicio".

A la Fiscalía Sur le le ha tocado también indagar los abusos cometidos por miembros de la Iglesia católica, específicamente por los hermanos Maristas.

De hecho, fue la fiscalía que presidía Guzmán la que solicitó, de forma especial, el denominado Informe Scicluna, cuya entrega la Iglesia ha negado a la justicia chilena.