Tras ser sobreseído de las imputaciones en el marco de la Operación Huracán, el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, dio una conferencia de prensa en Santiago para referirse al proceso en su contra.
Sus cuestionamientos apuntaron directamente a Carabineros y al gobierno. Esto, luego de que la Fiscalía de Temuco decidiera no perseverar en la investigación y cerrar el caso, aludiendo a una supuesta adulteración de evidencia por parte de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) de Carabineros.
El dirigente dijo que "en este procesamiento hubo allanamiento, inteligencia, gente que fue apresada y a la cual no se le encontró ningún tipo de prueba contundente, tanto física, científica y testimonial. Esta operación se basa en la supuesta mensajería que, en el último tiempo está quedando demostrado que fue implantada por agentes del Estado, en este caso, se supone que por funcionarios de Inteligencia de Carabineros".
En ese sentido, Llaitul apuntó a la responsabilidad de La Moneda en el proceso: "Resulta que el gobierno (Ejecutivo) no tiene la seriedad, la altura de miras de reconocer un error, porque las policías no se mandan solas, están bajo la orden constitucional y del gobierno central". Así, manifestó que hubo una "construcción falsa desde los organismos de seguridad, la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), la clase política y en donde Carabineros actuó operativamente".
El vocero de la CAM afirmó que "no se reduce a que el hilo se corte por lo más delgado y le pidan la renuncia a tres o cuatro pacos". A su juicio, "hay que pedir la renuncia del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy; hay que pedirle la renuncia al general de Carabineros, la renuncia del jefe de inteligencia. Pero también en contra de este gobierno, que no ha hecho nada más que hacer eco de los llamados de los poderosos para confrontar a nuestro pueblo".
Según Llaitul, el Ejecutivo está creando "un andamiaje antidemocrático con resabios de autoritarismos, que probablemente la derecha lo va a recoger y se va recrudecer el conflicto mapuche, y no nos pidan a nosotros las responsabilidades de esa situación. Es el Estado y el gobierno de turno los que deben decir algo al respecto, nosotros estamos llanos a buscar soluciones políticas".
Respecto de si está dispuesto a participar en un diálogo político, señaló que siempre han estado dispuestos, en específico para conversar sobre "aspectos sustanciales que dicen relación con la dignidad de nuestro pueblo y la recuperación de territorio mapuche".
Fiscalía y Carabineros
En relación al trabajo del Ministerio Público, señaló que "los fiscales que a nosotros siempre nos perseguían y eran parte de anteriores montajes, hoy día están tomando una posición al respecto". Consultado sobre a qué postura se refería, indicó que "suena extraño, pero algunos fiscales, no todos, han tomado una actitud decente".
Distinta es su percepción sobre el trabajo policial.
Específicamente, sobre los carabineros y el civil que están siendo investigados por el supuesto montaje de evidencias en su contra, aseguró que "este grupo que está en calidad de imputado de la UIOE, encabezados por Patricio Marín y el (capitán Leonardo) Osses, es conocido por sus prácticas".
Respecto de Osses, quien este jueves fue llamado a retiro por el general director de la institución, Bruno Villalobos, en el marco del sumario administrativo en su contra, indicó que "no es nuevo en operaciones de Inteligencia, es un funcionario acostumbrado a realizar montajes".
Dijo que, además, hay "90 agentes de Carabineros que tienen prácticas viciadas de persecución penal y criminalización".
Competencia
En tanto, el Juzgado de Garantía de Temuco se declaró competente en la causa por presunta manipulación de pruebas. De esta forma, se desestimó la petición de Marisa Navarrete, abogada de seis carabineros y un civil (Alex Smith), para trasladar la caso a Santiago.
La defensa de los uniformados argumentó su requerimiento señalando que el informe 130 de Inteligencia tuvo su origen en Santiago, cuyo titular es el general de Carabineros Gonzalo Blu, con residencia en la capital, por lo que el principio de ejecución corresponde a Santiago.
De acuerdo a Navarrete, este documento sirvió de base para llevar adelante todas las actuaciones que culminaron con la interceptación de teléfonos, detención y formalización de los comuneros sobreseídos, entre ellos, Llaitul.
Sin embargo, el juez Juan Poblete resolvió que las gestiones de Inteligencia "son de competencia y de conocimiento del Juzgado de Garantía de Temuco".
Al respecto, la abogada querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carolina Chang, dijo que "la petición de la defensa fue rechazada por el tribunal de garantía. Entendemos que el delito, el principio de ejecución del mismo, habría sido la ciudad de Temuco".
En tanto, para hoy se espera que el creador del software "Antorcha", Alex Smith Leay, declare ante la Fiscalía de Temuco por las inconsistencias detectadas en la causa por la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina, conocida como Operación Huracán II.