"El Presidente de la República, con las facultades constitucionales que él tiene me ha pedido la renuncia, situación que yo acepto".

Con esas palabras la mañana de este viernes el general director de Carabineros, Hermes Soto, se refirió a la decisión que adoptó la tarde de ayer el Presidente Sebastián Piñera, quien ante los nuevos antecedentes del caso Catrillanca resolvió pedirle su renunciar y aceptar la de otros 10 generales del alto mando.

En ese sentido, Soto aclaró que "es una renuncia dispuesta y solicitada por el Presidente de la República al cargo del general director". Es decir, la autoridad confirmó que no ha presentado su renuncia, por lo que el proceso de destitución iniciado ayer jueves continúa su curso.

"Yo acato absolutamente lo que el Presidente ha dispuesto. Él ha iniciado la tramitación oficial para dicha renuncia", recalcó Soto.

¿Qué implica la declaración de Soto? El análisis inicial que existía en el gobierno es que el general director quiso marcar un punto en cuanto a que mantiene la obediencia al Mandatario y que no habría "rebeldía" institucional en su actuar, más allá de que no presentará su renuncia y se someterá en cambio al procedimiento constitucional establecido. De ahí el peso de la palabra "acatar" que incluyó en su intervención.

Fuentes cercanas al aun general director, como publica hoy La Tercera, aseguraban que los argumentos que expuso para tomar dicha postura eran que sería una mala señal para la institución renunciar y que implicaba reconocer que cometió errores, por lo que insistía en que debían removerlo.

Con todo, la declaración de Soto generó inicialmente una nueva confusión, ya que durante algunos minutos estuvo la duda de si había finalmente presentado su renuncia, lo que evitaría todo el procedimiento administrativo para su salida. Una interpretación que fue rápidamente corregida tanto desde La Moneda como desde Carabineros.

Ante este escenario, las mesas del Senado y la Cámara de Diputados citaron a sesiones especiales este viernes para informar del decreto presidencial fundado con el que se concretaría la salida de Soto.

Tras esto, el decreto deberá ser visto por la Contraloría, que tiene hasta 15 días para hacer la revisión del documento.