Fue cerca de las tres de la madrugada de este domingo cuando un grupo de sujetos -a rostro cubierto- ingresaron violentamente hasta las obras de la hidroeléctrica Rucalhue, en los límites de la comuna de Santa Barbara y Quilaco, Región del Biobío. Tras maniatar a los guardias de la empresa de capitales chinos, los delincuentes llevaron a cabo la quema de 48 camiones y dos maquinarias, concretando así uno de los ataques incendiarios más graves de la historia reciente en esa zona.

El incidente, que para algunos es la reactivación de la violencia en la zona dadas la magnitud de los equipos afectados y la alta planificación que habría detrás de este atentado. A raíz de aquello, el gobierno anunció que invocaría -por primera vez- la nueva Ley Antiterrorista para indagar con la mayor mano dura posible, un hecho que generó la condena transversal del mundo político.

Pero no solo a nivel del Ejecutivo se han tomado medidas, y es que la investigación para determinar los presuntos responsables tras el ataque y llevarlos ante la justicia también ya inició su curso, en una indagatoria a cargo de la Fiscalía Regional del Biobío y la Policía de Investigaciones (PDI), la que activará un grupo especial para abordar las diligencias del megaataque incendiario registrado la madrugada de este domingo.

El equipo

La mañana de este domingo llegaron hasta el proyecto hidroeléctrico Rucalhue funcionarios de la PDI de la región, quienes realizaron las primeras diligencias ordenadas por el Ministerio Público. Según información de la Fiscalía Regional del Biobío, la investigación inicial del caso estuvo en manos de una unidad de Flagrancia, la que posteriormente derivó los antecedentes a la Unidad de Análisis Criminal de Los Ángeles.

De esta manera, además, la indagatoria quedó a cargo del fiscal de Los Ángeles, Carlos Díaz, quien está trabajando junto a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI. Pero no es lo único, porque según pudo conocer La Tercera, la policía civil también activará un grupo especial para llevar a cabo la investigación del mayor ataque incendiario del que se tenga registro.

Según fuentes conocedoras del caso, la PDI designará un equipo multidisciplinario de la Macrozona Sur, integrado por varias unidades de la policía científica para llevar a cabo las diligencias en el lugar de los hechos. Este grupo, además, contará con la participación de funcionarios de diferentes unidades de la zona, quienes se trasladarán a la provincia del Biobío.

Quienes conocen de la investigación, también señalan que actualmente la PDI ya está recabando algunos antecedentes en el mismo predio donde ocurrió el ataque. Estas diligencias corresponden al levantamiento de posibles registros de video, la toma de declaraciones de los trabajadores del lugar y también de la búsqueda de los acelerantes que se pudieron haber utilizado para encender la maquinaria.

Además de eso, también figuran entre los antecedentes las pancartas dejadas por el grupo que realizó el ataque con alusiones políticas. Sin embargo, y a pesar de aquello, en estos lienzos nadie se adjudicaba, como lo ha denominado el gobierno, el atentado terrorista.

La Ley Antiterrorista

Este domingo, en entrevista con Mesa Central, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, anunció que el gobierno invocaría la Ley Antiterrorista por este caso. Según explicó la autoridad de gobierno, “la forma en que se ejecutó, el tipo de incendio, el lugar donde ocurrió, las leyendas que se establecieron en el lugar, reivindican una asociación terrorista, respecto a la cual el gobierno considera que este es el momento para ejercer la acción de la Ley Antiterrorista”.

La acción judicial del gobierno es por este hecho además de otro ataque incendiario ocurrido en Contulmo el 7 de abril; según señalaron desde Seguridad, se concretarán durante el transcurso de esta semana.

Pese a la posición del Ejecutivo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo en Radio Pauta que en esa calificación “son los fiscales los que van a hacer una primera aproximación respecto de si es o no procedente la aplicación de la Ley Antiterrorista, y luego serán los tribunales los que determinen si es pertinente”.

“A la luz de los antecedentes que están disponibles en la prensa, pareciera que la Ley Antiterrorista fue dictada para, entre otros casos, situaciones como las que habrían ocurrido este fin de semana”, agregó el persecutor nacional.